El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha considerado hoy "fuera de lugar" la decisión del juez Santiago Pedraz de negarse a archivar el caso Couso tras la entrada en vigor de la limitación de la justicia universal y ha comentado que hay decisiones "difícilmente explicables y dudosas".
En declaraciones a la Cope, Floriano ha dicho que "los jueces están obligados a aplicar la ley que emana del pueblo, de los representantes de la soberanía popular". El PP aprobó en solitario y por la vía de urgencia la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que limita la justicia universal.
Floriano ha argumentado que "dependiendo donde caiga un asunto" se sabe cómo va a ser resuelto porque se conoce "el perfil ideológico del juez".
"Yo creo que hay determinadas posiciones que son difícilmente explicables y sobre todo dudosas cuando en otros casos el comportamiento es distinto", ha insistido Floriano, antes de añadir: "Aquí me comporto de una manera porque el asunto tiene determinado sesgo y en otros asuntos que tiene otro sesgo me comporto de manera distinta".
En su opinión, se haría "un gran favor" si los juces se dedicasen a aplicar la ley, los políticos a legislar y el poder ejecutivo a ejecutar.
Floriano ha dicho que cuando un juez gana las oposiciones es libre para decidir si se adscribe a determinada asociación con un sesgo ideológico o no lo hace. En este caso, todas las asociaciones de jueces se han mostrado de acuerdo con la decisión del juez Pedraz ya que consideran que es ajustada a derecho al haberse tomado tras ponderar la nueva regulación de la justicia universal con un tratado internacional y concluir que el convenio prevalece sobre la norma interna.
El vicesecretario de Organización del PP ha explicado que "no es bueno que en este momento dependiendo de donde caiga un asunto intuyamos en qué dirección va a ser el resultado". Ha considerado que los jueces cuando tienen alguna duda sobre la constitucionalidad o no de una determinada ley lo que deberían hacer es preguntarlo a las instancias que correspondan, ya sean constitucionales, a las partes o a la fiscalía.
