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Las cesáreas en España: un problema en femenino plural

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Uno de cada cuatro (24.9%) partos que se realiza en España se lleva a cabo por cesárea. Esta cifra es un 10% superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirma que este “exceso” de cesáreas no se debe a condiciones clínicas de las mujeres o sus fetos, sino al estilo de práctica clínica llevado a cabo en nuestro país.

Traduciendo estas cifras, esto quiere decir que 2 de cada 5 mujeres sometidas a cesárea tal vez no tendrían por qué pasar por ese proceso, así como podrían evitar la exposición a los riesgos de complicaciones derivados de dicha intervención quirúrgica (porque sí, una cesárea no es sino una cirugía).

Habitualmente, cuando se trata este problema se alude a una serie de causas comunes: incremento de la edad materna, aumento de cesáreas por haber sufrido una cesárea previa, preferencias de la mujer en ciertos niveles sociales por percepción –errónea- de mayor seguridad, auge de la medicina defensiva como respuesta a la judicialización de la práctica clínica… Sin embargo, hay dos factores importantes que no se suelen contemplar y cuya comprensión es clave para dejar de concebir este asunto como una anécdota y pasar a darle la categoría de problema de salud (o incluso, vista su magnitud, de salud pública).

Por un lado, los modelos de prestación de servicios sanitarios pueden hacer que existan incentivos para la práctica de cesáreas con respecto a partos vaginales; se ha demostrado en diversos estudios (y los datos de nuestro país lo apoyan) que los centros privados presentan una mayor tasa de cesáreas que los centros públicos, lo cual se debe no sólo al hecho de que el obstetra tienda a adecuar el parto de la mujer a aspectos relacionados con su disponibilidad laboral, sino también a que la medicalización del parto es mucho más intensa en los centros privados, sin que ello se corresponda con mejores resultados de salud para la madre o el recién nacido; esto se ha visto de forma clara en un estudio italiano publicado recientemente, donde se observó que las mujeres que llevaron un seguimiento del embarazo en centros privados tenían una mayor medicalización y tecnificación del embarazo y el parto sin que ello redundara en ningún resultado positivo en salud; estudios similares en nuestro país afirman que el factor sociodemográfico y de utilización de servicios más decisivo a la hora de ser sometida a una cesárea es el ser atendida en un centro privado. 

El otro aspecto fundamental, y estrechamente ligado al anterior, es la concepción de la mujer como “combustible” del sistema sanitario. Son múltiples los ejemplos en los que la mujer se convierte en objeto (nunca sujeto) de la medicalización, y el caso del parto es quizá el más paradigmático. Un proceso –el embarazo y el parto- que, con los adecuados controles sanitarios (de enfermería y medicina) debería concluir en un 85% de los casos en un parto vaginal, mayoritariamente sin complicaciones, se convierte en un proceso quirúrgico en cuya indicación raramente participa la mujer –deja de ser sujeto- y que comporta unos riesgos clínicos así como un aumento de los costes del proceso.

¿Por qué no se percibe el incremento de cirugías –cesáreas- como algo alarmantemente negativo por parte de la población? Muy probablemente un aspecto clave sea la persistencia de la concepción de las decisiones médicas como intrínsecamente beneficiosas e infalibles para nuestra salud, para la salud de la mujer en este caso. Por ello, comprender que a) existen condiciones estructurales y de organización que fomentan un tipo de parto sobremedicalizado (es importante insistir en que no defendemos desde aquí la ausencia de seguimiento médico del embarazo y el parto, sino que hablamos de la sobremedicalización nociva para mujer e hijo o hija) y b) la mujer se ha convertido, en los modelos actuales de práctica clínica, en el combustible de un sistema que necesita de ella –como objeto- para seguir creciendo.

Parafraseando a Silvia Federici, el control de la reproducción es un tema esencial para cualquier proceso de transformación social; el abordaje sanitario de la última década de los procesos reproductivos no es más que una expresión reformulada de la falta de control de la mujer sobre su reproducción.

Muchas Comunidades Autónomas llevan tiempo trabajando en estos aspectos, pero se hace difícil confiar en que sin concepciones más amplias del problema se vayan a conseguir cambios significativos.



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