Las asociaciones que adquieren y distribuyen cannabis para el autoconsumo, los llamados Clubes Sociales de Cannabis, serán regularizados por el Gobierno municipal de Bildu en San Sebastián esta semana. Según lo previsto, la Junta de Gobierno Local va a aprobar el próximo viernes una ordenanza municipal para normalizar la situación de los 21 clubes de este tipo que existen en la ciudad, además de los que se puedan crear, con el objetivo de "limitar los riesgos asociados a las dependencias y garantizar los derechos tanto de las personas consumidoras como las de quienes no lo son".
Los clubes sociales de cannabis son organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan, según la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC), para que "cualquier usuario pueda acceder al cannabis de forma segura, respetando sus derechos y alejándolo del peligroso mercado negro". Esta federación aglutina a unos 500 clubes de toda España que "producen bajo demanda de un círculo cerrado de personas adultas que no pueden cultivar de forma autónoma".
Para Jon Albizu, concejal de Bienestar Social e impulsor de la ordenanza municipal, estas asociaciones "ya son una realidad" en la ciudad, aunque hasta el momento "no han tenido regulación alguna". Con esta propuesta, se ha comprometido, en nombre del Ayuntamiento donostiarra, a trabajar sobre las bases de la "prevención, formación, salud y reducción de riesgos", para lo que tienen previsto la redacción de un código o guía de buenas prácticas.
"Estamos en un espacio de ambigüedad legal"
Esta norma, matiza Martín Barriuso, representante de la FAC, "solo actúa sobre una parte de la actividad de los clubes". "Necesitamos una regulación más amplia porque estamos en un espacio de ambigüedad legal que nos somete a una situación de inseguridad jurídica constante desde que en 1974 se despenalizó el consumo", reclama.
La asociación que preside en Bilbao, PANNAGH, ha sido intervenida por la policía en varias ocasiones por delito contra la salud pública. En los dos primeros casos, la causa fue archivada y la cosecha incautada, de varias decenas de kilos, se devolvió. Ahora, por tercera vez, el local está precintado y su actividad suspendida. "Nuestros socios, ahora desprovistos de cannabis, han vuelto al mercado negro", explica Barriuso.
Esa pequeña parte de la actividad que regula la ordenanza marca unos límites a los locales. No podrán abrirse Clubes Sociales de Cannabis a menos de 300 metros de centros educativos y de salud. También se fija una distancia mínima de 500 metros entre locales destinados a esta actividad y se prohíbe la apertura de un espacio de estas características en cualquiera de los lugares en los que está prohibido fumar, como galerías comerciales o instalaciones deportivas, entre otros.
Los locales objeto de la norma, previamente autorizados por el Ayuntamiento y en funcionamiento, tendrán un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para cumplir unas condiciones mínimas que garanticen ciertas medidas de seguridad, salubridad e higiene para las personas usuarias y eviten cualquier molestia al vecindario. La entrada a menores está prohibida en todos los casos y se fija un límite de horas de actividad diaria (de 8.00 a 22.00).
La Ley de Seguridad Ciudadana opta por la represión
El responsable de Bienestar Social de San Sebastián ha reconocido la ordenanza como "un primer paso" al que deben seguir "el resto de administraciones". En concreto, ha apelado a la necesidad de una regulación autonómica y ha recordado que, durante la legislatura anterior, el Parlamento vasco "creó una comisión interdepartamental para analizar esta realidad que no fue capaz de generar un registro de asociaciones ni de responder a las demandas que se planteaban".
El llamamiento del concejal de Bildu al resto de administraciones a trabajar en esta dirección contradice la línea de actuación del Gobierno central, que hace unos meses presentó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana; una norma que prevé multas de entre 1.001 y 30.000 euros (falta grave) por caminar con una pequeña cantidad de hachís en el bolsillo. Plantar marihuana para autoconsumo también podrá ser castigado con sanciones de hasta 30.000 euros.
"El camino de la represión no es el adecuado. Así solo se criminaliza a los usuarios y nos coloca al nivel de traficantes. En otros países, como Suiza o Alemania, las administraciones públicas están proponiendo iniciativas que imitan el modelo de los clubes sociales de cannabis españoles. Al final, las medidas del PP para la lucha contra la droga van a provocar el efecto contrario: el fomento del tráfico de drogas en el mercado negro", concluye Barriuso.
