El Ministerio de Fomento da marcha atrás, sólo 40 días después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto, por el que se liberaba con efecto retroactivo al Estado de la “responsabilidad patrimonial” por el presumible sobrecoste de unos 2.300 millones de las expropiaciones de una decena de autopistas radiales en quiebra.
