La Comisión Europea ha propuesto este miércoles, desafiando a Alemania, asumir nuevos poderes para convertirse -a partir de 2015- en la autoridad única de la UE que tendrá el poder de decidir sobre la liquidación de los 6.000 bancos de la eurozona, incluso en contra de la voluntad del Estado miembro donde esté basada la entidad.
Bruselas tendrá siempre la última palabra, aunque las decisiones las preparará un comité ejecutivo, compuesto por alrededor de 300 expertos, con representantes del Banco Central Europeo (BCE) y de los Estados miembros. Si es necesario inyectar ayudas públicas nacionales, el ministro del país afectado tendrá poder de veto, según ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.
En tanto que autoridad de resolución, el Ejecutivo comunitario contará con un fondo, también único y prefinanciado con tasas a la banca, para cubrir los costes de las quiebras. Bruselas quiere que su dotación sea de 55.000 millones de euros -el 1% de los depósitos cubiertos de la eurozona- y que se construya en un plazo de 10 años mediante la fusión de los fondos nacionales existentes. Podrá endeudarse y contar con ayudas públicas si es necesario pero deberán recuperarse a posteriori con nuevas tasas bancarias. Este fondo está inspirado en el español Fondo de Garantía de Depósitos.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar que en caso de quiebras bancarias, especialmente las transfronterizas, las decisiones se adopten de forma rápida y eficaz con reglas que creen seguridad en el mercado y minimizando el impacto en las finanzas públicas, según ha dicho Barnier.
"Las crisis bancarias pueden propagarse rápidamente a través de las fronteras, enviando la confianza a una espiral descendente en la eurozona. También hemos visto como la quiebra de un gran banco transfronterizo puede conducir a una situación: la resolución de Dexia (el banco franco-belga que tuvo que ser rescatado dos veces) no es un modelo a emular", ha indicado el comisario de Servicios Financieros.
Bruselas aplicará a las grandes entidades de la eurozona las reglas que acaba de aprobar el Ecofin para que sean accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que asuman la factura de futuros rescates. Como esta norma sólo entra en vigor en 2018, hasta entonces estarán vigentes las normas sobre ayudas de estado a la banca. La recapitalización directa a cargo del fondo de rescate de la UE (MEDE) sólo se utilizará como último recurso.
El mecanismo único de resolución es una de las piezas centrales de la unión bancaria, cuyo objetivo es romper el "círculo vicioso" entre deuda bancaria y deuda soberana. Completará el papel del Banco Central Europeo (BCE) como supervisor único de los grandes bancos de la eurozona.
Sin embargo, los planes de Bruselas han chocado con la oposición de Alemania aún antes de presentarse. Berlín sostiene que la creación de una autoridad única de liquidación, que en última instancia deberá decidir sobre cómo se reparte la factura entre los Estados miembros de una quiebra bancaria, exigiría una reforma de los Tratados. En su lugar, Alemania aboga por crear una red de autoridades y fondos de liquidación nacionales.
"Pido enérgicamente a la Comisión que en su propuesta de mecanismo único de resolución sea muy cuidadosa y se ciña a la interpretación limitada del Tratado", dijo este martes el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que ha avisado de que saltarse el Tratado provocará nuevas turbulencias en la eurozona que pondrán en riesgo la recuperación.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la postura de España es "flexible" y que estaría dispuesto a aceptar de forma provisional, como pide Berlín, "una coordinación entre las autoridades de resolución nacionales, que actúen de una forma homogénea". No obstante, Guindos ha defendido que el objetivo "a medio plazo" debe ser crear una "única autoridad de resolución".
Pero la Comisión alega que "una red de autoridades nacionales, incluso si se coordina a nivel intergubernamental, no es suficientemente operativa" para evitar fugas de depósitos o contagio a otras partes de la eurozona en caso de crisis bancaria. Tampoco el BCE puede asumir la tarea, según Bruselas, porque entraría en conflicto con sus tareas de supervisión, mientras que los Tratados no permiten a la Autoridad Bancaria Europea asumir estas competencias, pero sí al Ejecutivo comunitario.
