El Gobierno ha aprovechado el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, para regular una actividad que lleva años siendo una realidad entre los ciudadanos españoles: el crowdfunding o lo que es lo mismo, la financiación entre personas sin necesidad de la intermediación de entidades financieras.
El fenómeno se ha desarrollado a nivel mundial por dos motivos principales, la escasez de crédito a la que los bancos sometieron a la ciudadanía tras la crisis y la desconfianza que generó la falta de ética de las entidades financieras. Los ciudadanos se organizaron al margen de la ley y gracias a Internet, primero, para financiar sus propios proyectos muchos relacionados con la cultura y el ocio en plataformas como la pionera mundial Kickstarter, o la española Lanzanos.
Poco a poco, el sector se ha ido desarrollando y especializando. Y junto a esas plataformas de financiación masiva de proyectos, han surgido otras especializadas en financiación de pymes a cambio de participación accionarial, crowdequity, o simplemente las que permiten poner en contacto a particulares que necesitan créditos con otros que buscan rentabilidad para su dinero y no quieren conseguirla a través del oculto circuito bancario sino conocer con exactitud para qué sirve su dinero.
Hasta ahora, la gran reticencia para su utilización era la duda que generaba su falta de regulación. Potenciar la transparencia y limar esas dudas es una de las razones que aduce el Ejecutivo con la legislación anunciada en el último Consejo de Ministros de febrero.
Entre las medidas tomadas está la obligación de que todas estas plataformas tengan que inscribirse en un registro público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde tendrán que facilitar toda la información de sus cuentas y la de sus promotores. Aun así, el texto que maneja el Gobierno considera que estas plataformas no son "un servicio de inversión porque sólo ponen en contacto a inversores y emisores". Es decir, no ofrecen ningún asesoramiento, ni "colocan instrumentos financieros".
La CNMV será la encargada de que estas plataformas sean transparentes y de que los inversores tengan la información suficiente sobre la propia plataforma, su funcionamiento y cómo se consigue la financiación (ya sean préstamos o emisión de valores de la compañía que busca dinero).
Además, se exigirá que las webs identifiquen con claridad el funcionamiento de los préstamos, los posibles riesgos en que pueden incurrir los inversores y la advertencia de que no es una empresa de servicios de inversión y, por lo tanto, no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones.
Aquellas plataformas basadas en la donación, los préstamos libres de intereses o compraventa no están incluidas en la regulación.
Puertas al campo
Pero sin duda la medida más controvertida es la intención del Gobierno español de limitar las cantidades de inversión a un máximo de 3.000 euros por proyecto y 6.000 por plataforma al año. La justificación, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es "para evitar engaños", pero el argumento choca con la afirmación del texto de proyecto de ley que reconoce que no hay intermediarios, ni se colocan instrumentos financieros, para los cuales no existe limitación alguna de inversión.
Desde Comunitae, la plataforma de préstamos más antigua de España, esperan que "estos límites puedan adaptarse a la realidad de la legislación internacional con el objetivo de permitir que estas plataformas puedan ser también una opción para inversores profesionales", como ocurre en EEUU o Gran Bretaña.
Esos son los dos países donde más desarrollado está el sector y los que están liderando también la legislación del mismo. En concreto, en Gran Bretaña está previsto que en abril entre en funcionamiento una legislación que también exigirá más transparencia a las plataformas y a los interesados en captar financiación. El regulador británico -la Financial Conduct Authority (FCA)- vigilará tanto los préstamos como la financiación a cambio de acciones, y entre otras cosas se les exigirá presentar un plan de devolución de los fondos captados.
Por su parte, en EEUU, las limitaciones que ha impuesto la JOBS Act, donde se regula el sector, están relacionadas con el perfil de los inversores, no con límites absolutos. Por ejemplo, en el caso de inversión a cambio de acciones (crowdequitiy) un inversor con un sueldo inferior a 100.000 dólares como máximo puede invertir un 5% de sus ingresos. Para los que ganan más, el límite es el 10%. Y no hay límites para quienes tengan más de 200.000 dólares de sueldo o un patrimonio superior al millón de euros. En una línea similar se está trabajando en Bruselas.
Gracias a estas bases, la financiación de proximidad ha triunfado en ambos países, tanto desde el lado de los inversores profesionales, como en el de la sociedad civil que busca que la rentabilidad de su dinero sea no sólo financiera. Es el caso de algunos barrios de Londres, donde incluso las concejalías utilizan la plataforma líder en Gran Bretaña, Funding Circle, para facilitar el acceso al crédito de los pequeños comercios. Los londinenses incluso la utilizan para mejorar las infraestructuras de sus barrios, como parques, colegios, etc.
Un sector en auge en todo el mundo
La financiación entre personas se ha extendido por todo el planeta en los últimos años. En la actualidad se calcula que hay más de 300.000 plataformas en países tan dispares como EEUU, China o India. La consultora especializada Massolution señala que el sector mueve 1.200 millones de dólares en todo el mundo, mientras que el portal especializado Infocrowdsourcing asegura que alcanza los 2.700 millones, de los cuales apenas 13 millones de dólares serían españoles.
Del potencial que este sector puede tener dan fe algunos de los principales movimientos empresariales del último año. Por ejemplo, la inversión de 125 millones de dólares en LendingClub, la plataforma más grande de EEUU. O la participación de uno de los exdirectivos de Citigroup Vikram Pandit en la ronda de financiación de la plataforma de créditos neoyorquina CommonBond.
También, hay que destacar el estudio The rise of future finances, realizado por la organización no gubernamental Nesta en colaboración con la Universidad de Cambridge y la Universidad de California, Berkeley, que habla de espectaculares crecimientos del sector en todo el mundo y que lo define como la alternativa para que las pequeñas empresas consigan el crédito que les niega la banca.
