"No nos callarán". Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace, ha respondido tajante al Anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana que pretende aprobar el Gobierno. Rodríguez ha sido muy crítico con las multas de las infracciones previstas en la denominada 'Ley Mordaza', de 100 a 600.000 euros por conductas frecuentes en las protestas, que en su opinión convertirán el derecho a manifestarse "en cosa de ricos o de grandes organizaciones".
Junto a Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña contra la denominada 'Ley Mordaza', han explicado este jueves sus puntos de oposición al anteproyecto y la protesta en la que seis activistas han amorzadado a este jueves a los leones del Congreso de los Diputados.
"Si el anteproyecto estuviese vigente, podríamos haber tenido que afrontar una multa de hasta 90.000 euros por tres infracciones graves que prevé el texto: escalamiento de edificios públicos, resistencia a la autoridad y la inspiración de la infracción por parte de Greenpeace", apuntó Soto. Los involucrados en la protesta han sido identificados y puestos en libertad por la policía. Un total de seis furgones con 36 policías han acudido a la Cámara.
"El Gobierno quiere una mayoría silenciosa y, para ello, diseña una ley que pretende criminalizar las protestas ciudadanas pacíficas", afirmó Miguel Ángel Soto. "Denunciamos no sólo porque la ley perjudique actuaciones de Greenpeace, sino porque es inmoral. Se vulneran los derechos de libre expresión y de reunión de muchos ciudadanos que no podrían costearse estas multas", ha dicho Rodríguez. "Además, para defendernos de la acusación de las autoridades tendremos que pagar de nuestro bolsillo las tasas judiciales pertinentes para poder recurrir a la vía judicial", criticó.
Los responsables de Greenpeace han pedido al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que desestime este anteproyecto que, en su opinión, no responde a ninguna demanda social y "vulnera los derechos de libre expresión y de reunión recogidos en los artículos 20 y 21 de la Constitución Española, además de varios convenios internacionales".
Más infracciones por manifestarse en la calle
Los responsables han presentado un informe con los puntos más importantes de su oposición al texto, que incluye infracciones que describen actuaciones que suele utilizar Greenpeace, como el escalamiento de edificios públicos (bautizada como "claúsula Greenpeace") o las manifestaciones no comunicadas en "infraestructuras críticas o en sus inmediaciones".
"Puede parecer que la despenalización de ciertos delitos, que salen del Código Penal para convertirse en infracciones administrativas en la Ley de Seguridad Ciudadana, es una rebaja de la actitud represiva, pero no es así", explicó Mario Rodríguez. "Hay una deriva a un control administrativo en el que los ciudadanos pierden el derecho a la presunción de inocencia en favor del principio de veracidad de la autoridad sancionadora", apuntó.
"La #LeyMordaza recuerda a los registros delicuentes de épocas no democráticas" http://t.co/1nBXeFaWqy#LeyAntiProtesta
— Greenpeace España (@greenpeace_esp) febrero 27, 2014
La lista de infracciones también es objeto de denuncia por la imprecisión del texto y la consideración de los ciudadanos como posibles infractores: "Antes éramos sujetos de derecho y ahora pasaremos a sujetos de sospecha". Ambos responsables han denunciado que estas actitudes represivas son más próximas a regímenes autoritarios que democráticos. "Por mucho que le duela al Gobierno, no hay mucha diferencia con las leyes de países como Rusia", recordó González.
