La respuesta del Gobierno al empeño de la Generalitat por una consulta en la que los catalanes puedan decidir sobre el futuro de Cataluña ha consistido en reafirmar la validez de la Constitución. La propuesta de resolución que los conservadores han registrado nada más acabar el debate sobre el estado de la nación consiste en blindar la Carta Magna y decir que el modelo territorial de 1978 no ha caducado 35 años después. Pocas horas antes, Mariano Rajoy declaraba que no considera "inmodificable" la Constitución pero pedía prudencia máxima para llegar
La Constitución, según se detalla en la propuesta que ha registrado Alfonso Alonso en nombre del PP, está "plenamente vigente especialmente en el momento presente en toda su extensión". De esta forma, el partido del Gobierno traslada la respuesta a los problemas de encaje de Cataluña en España y a las ansias de autodeterminación de la Generalitat: no moverse.
El texto subraya lo que tantas veces ha proclamado Mariano Rajoy sobre el referendum fijado para el próximo 9 de noviembre y que, asegura, nunca se celebrará por ser una ilegalidad. "Una parte de la ciudadanía no puede decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse fuera de la ley".
Después de dos días de debate en los que los nacionalistas vascos y catalanes le han reclamado al presidente del Gobierno que se decida a modificar la redacción de la Constitución de 1978 por caduca, el PP insiste en variar un ápice de su posición. La propuesta que ha registrado en el Congreso se escuda en que la unidad de España "no es un mandato constitucional" sino al revés. Es ese mandato "el que tiene su sentido en el valor que encarna la unidad de la nación".
Más allá de filigranas lingüísticas, la contestación del PP a los nacionalistas no ha sido más que una reafirmación de posiciones que dos días de debate cruzado no han cambiado lo más mínimo. La misma respuesta que el presidente y su número dos dan casi a diario y que consiste en reafirmar su incapacidad para permitir lo que veta la Constitución.
La reafirmación de las posiciones del PP contrasta, de nuevo, con los socialistas, que no admiten el derecho de autodeterminación pero sí la necesidad de dialogar para salir del atolladero. El grupo parlamentario de Alfredo Pérez Rubalcaba registraba a la misma hora que el PP, la conveniencia de que una comisión parlamentaria se dedique a estudiar el problema. Ni uno ni otro están dispuestos a votar a favor de la del adversario. Mientras, en CiU bromeaban con la disposición de los socialistas al diálogo como toda respuesta a su petición de una consulta. Pere Macías declaraba que los suyos celebran que el PSOE "haya descubierto América" y haya descubierto ahora la comisión para las Comunidades Autónomas que existe en el Senado.
La propuesta anticorrupción del PP ha consistido en pedir el apoyo de los demás partidos a las promesas que Rajoy hizo el año pasado por estas fechas para contrarrestar los efectos del caso Bárcenas. Los proyectos aprobados recientemente por el Gobierno para controlar las cuentas de los partidos y a los altos cargos están ya en la Cámara y ahora dependen de Alonso y sus diputados. La negociación con los demás grupos sigue encallada en el Congreso, pero el PP insiste en que sólo el mayor consenso asegurará la eficacia de su plan anticorrupción porque no es un problema exclusivo del PP.
