La juez María del Carmen Cerván solo contará con aproximadamente 20 minutos de la grabación de una cámara térmica para determinar si existen indicios de delito en la actuación de la Guardia Civil el pasado 6 de febrero en la playa del Tarajal, en Ceuta, donde fallecieron al menos 15 subsaharianos al intentar adentrarse en territorio español. Fuentes del instituto armado aseguraron a eldiario.es que ese es el lapso de tiempo en el que se produjo la intervención de los agentes y que ésta solo fue recogida por “al menos una cámara térmica”, ya que todavía no había amanecido cuando tuvo lugar la intervención y otros dispositivos no permiten apreciar lo que ocurre.
En el perímetro fronterizo de Ceuta hay instaladas 37 cámaras, pero solo una minoría pueden ser dirigidas hacia el lugar que considere oportuno el oficial al mando. La misma fuente oficial no precisó si es con una de estas cámaras dirigibles con la que se grabó la tragedia.
Las mismas fuentes oficiales aseguraron que se entregarán a la juez imágenes de todos los hechos acontecidos durante la madrugada, incluidos los dos intentos de acceso anteriores al ahogamiento en el espigón, uno por la valla y otro por el paso fronterizo. Sin precisar cuál ha sido el criterio utilizado para la selección de imágenes, un portavoz aseguró que éstas recogen todo cuanto puede ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos. En los días posteriores a la tragedia, la Guardia Civil entregó a los medios de comunicación un vídeo previamente editado que no recogía nada relacionado con el fallecimiento de los subsaharianos, pero sí a otros inmigrantes lanzando piedras desde territorio marroquí después de haber conocido la muerte de sus compañeros.
El Ministerio del Interior contempla entregar a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta este miércoles las imágenes, al menos 48 horas después de que le fueran requeridas por Cerván. La misma fuente oficial dijo el lunes a esta redacción que las grabaciones estarían a disposición de la juez “en las próximas horas”. Otra fuente oficial explicó ayer que la entrega al juzgado de la grabación se iba a demorar más de 48 horas porque la solicitud el lunes de las imágenes se había producido de manera “informal” el lunes, esto es, verbalmente, y que no había sido hasta ayer martes cuando la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta recibió dicho requerimiento vía fax.
La Fiscalía había hecho público el pasado domingo su intención de requerir a la juez que solicitara a la Guardia Civil las imágenes. El Ministerio Público actuó después de que el PSOE e Izquierda Unida exigieran el contenido íntegro de las imágenes. El Gobierno se escudó entonces en que existía un procedimiento judicial abierto para rechazar la petición de la oposición y alegó que las grabaciones iban a ser incorporadas al mismo. El PSOE ha amenazado con exigir una comisión de investigación en el Congreso si la jueza no recibe la grabación hoy mismo.
"En suelo marroquí"
La Ley estipula que imágenes grabadas por cámaras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben ser entregadas a un juez en el plazo máximo de 72 horas si hay indicios de que captan la comisión de un ilícito penal, como ocurrió con el naufragio de una patera al chocar con una patrullera de Salvamento Marítimo de la Guardia Civil cerca de Lanzarote en 2012. El Ministerio del Interior alega que no es el caso, ya que los hechos del 6 de febrero pasado, sea cual sea su calificación final, ocurrieron en territorio marroquí y la ley se refiere solo a aquello que tenga lugar dentro de las fronteras españolas.
Si la entrega de las imágenes se alarga más de dos días, otros informes requeridos por la magistrada lo hacen ya por espacio de una semana. Hace ocho días que la jueza requirió informes a la Benemérita sobre el intento de acceso a territorio español por parte de los subsaharianos y el método utilizado por la Guardia Civil para devolverlos a Marruecos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El requerimiento tuvo lugar el martes, 11 de febrero, el mismo día en el que la jueza incoó diligencias por la aparición de una persona fallecida en aguas españolas. La Guardia Civil asegura que designó a un oficial de la comandancia para que estuviera en permanente contacto con Cerván y que éste fue requiriendo a la juez mayor precisión sobre lo que pedía. Este sería el motivo, según el instituto armado, de que se haya tardado más de una semana en entregar unos informes que en el día de ayer, martes, aún no habían llegado al juzgado.
