El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lideran la empresa española Sacyr y la italiana Impregilo, ha comunicado hoy que "sigue buscando una solución de financiación" para terminar las obras de ampliación del Canal de Panamá en 2015, a pesar de que la Autoridad del Canal (ACP) "rompió las negociaciones".
"La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente", añade la nota, que subraya que "sin una solución inmediata" las partes se "enfrentarán a años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso".
El comunicado remitido por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se produce tras finalizar anoche el plazo que la administración de la vía y el consorcio a cargo de las obras se dieron para conseguir una salida viable y acorde al contrato vigente.
Es la tercera ocasión en que la Autoridad del Canal y el consorcio empresarial se dan un plazo para alcanzar un acuerdo y no logran conseguirlo.
El plazo que se dieron cliente y contratista para resolver la crisis suscitada por la falta de liquidez del consorcio, intentaba evitar el abandono de las obras con el que amenazó el GUPC si no se reconocían los sobrecostes asumidos, que estima en unos 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).
El diario 'La Prensa' ha informado de que la jornada de negociación del martes ha estado "marcada por el hermetismo, aunque durante buena parte del día las informaciones apuntaban a la cercanía de un acuerdo", lo que contribuyó a que las acciones de Sacyr ganaran más de 6% en la Bolsa.
El propio presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, adelantó el martes que podría haber una posible "feliz conclusión" del conflicto. Horas después, se informó de que la reunión terminaba sin éxito.
