El 8 de julio ha llegado: este lunes acaba el plazo que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy marcaba para que patronal y sindicatos pactaran la renovación de los convenios que estaban bloqueados cuando se aprobó la norma. Desde este lunes, cerca de 1.300 convenios penden de un hilo y, con ellos, los derechos adquiridos de 1,8 millones de trabajadores, según los sindicatos. La patronal minimiza el alcance de esta cifra a poco más de cien acuerdos laborales.
En mayo, la CEOE, CCOO y UGT llegaron a un acuerdo para que los convenios siguieran vigentes más allá de esta fecha siempre y cuando la empresa y los representantes de los trabajadores siguieran negociando. El pacto incluía también que cualquiera de las partes pudiera decidir en cualquier momento "que la negociación está agotada" y, por tanto, instar a la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario.
Sin embargo, hace solo unos días, los sindicatos aseguraron que el acuerdo estaba teniendo un seguimiento "insuficiente" y plantearon al Gobierno que actuara para impedir el decaimiento de los convenios. Señalaron también que algunas patronales, como la del transporte o la de Guipúzcoa, ya habían manifestado su intención de dejar caducar el convenio una vez pasado el 8 de julio.
El acuerdo vigente con la patronal insta a que en aquellos convenios colectivos en que se haya detectado un bloqueo se recurra a los mecanismos de solución autónoma de conflictos. En el resto, se llama a pactar una prórroga para seguir negociando a partir del 8 de julio. Es el caso de convenios como el de las autoescuelas, en el que las partes se han dado todo el mes para negociar ante la perspectiva de cerrarlo en torno al 18 de julio.
En el caso de que no se haya pactado esta prórroga, cada caso tendrá que ser estudiado individualmente, ya que algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio.
Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos aseguran que "si el 8 de julio los empresarios plantean decaimientos de convenios, se van a colapsar los juzgados de lo social", porque los sindicatos interpondrán demandas colectivas en todas empresas. CCOO ya ha anunciado que llevará a los tribunales los convenios que queden sin efecto. "El día 8 no acaba todo, lucharemos en los juzgados", ha dicho el secretario de Acción Sindical del sindicato, Ramón Górriz.
Hace dos semanas, de los 1.400 convenios que aún estaban bloqueados, 374 correspondían a administraciones públicas, a los que el acuerdo de sindicatos y patronal no afecta en absoluto.
El decaimiento supondría que en el caso de que no exista un convenio de ámbito superior, los trabajadores afectados pasarían a regirse por la legislación laboral básica, que en términos de remuneración llevaría al salario mínimo interprofesional (645,30 euros al mes en 2013).
Este viernes, la CEOE alertó en un estudio que el 30% de los convenios firmados después de la reforma laboral, no incluye ningún pacto sobre su prórroga automática ("ultraactividad") una vez sea denunciado para su renovación, con lo que pasado un año podrían decaer en caso de no haber acuerdo entre las partes.
En un comunicado, las patronales hacen un análisis en el que toman una muestra "representativa" de 99 de estos convenios firmados tras la reforma laboral. De estos, 51 convenios son de sector, que afectan a 1,9 millones de trabajadores, y 48 son de empresa y acogen a 133.751 trabajadores.
