La victoria de los vecinos de Gamonal, en Burgos, se muestra estos días como ejemplo de lucha vecinal contra un macroproyecto urbanístico con notables repercursiones socioeconómicas. La lucha de esta vecindad burgalesa aviva en Galicia los motivos de otros dos conflictos con raíz urbanística pero con repercusiones sociales mucho más amplias.
El conflicto de Porto Cabral, en Vigo, podría leerse como un caso más de proyecto urbanístico realizado por una gran empresa (en este caso un grupo británico de inversores, Eurofund) que choca contra el parecer de un grupo de vecinos. A esto se le suma una lucha añadida: la de tratarse de un proyecto de macrocentro comercial y de ocio, al que se opone buena parte del pequeño comercio de la ciudad. Contiene además otros ingredientes comunes a este tipo de noticias: una polémica modificación del PGOM que permite la urbanización de un monte y unha potente campaña institucional y mediática para vender las bondades del proyecto.
Pero el caso de Porto Cabral es singular por un motivo. El polémico centro comercial planeaba construirse en un monte comunal, unha fórmula de propiedad colectiva, propia de Galicia y del norte de Portugal, y que a pesar de que ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas, aún está presente en el 70% de los montes gallegos. No es ni pública ni privada, sino que su propiedad y gestión corresponde a todos los vecinos de la parroquia en la que se asienta, a través de un órgano, la Comunidad de Montes, que vela por su funcionamiento para el beneficio del colectivo. Algo así como un procomún, pero con mil años de historia.
En los últimos años estamos asistiendo en Galicia al nacimiento de iniciativas muy interesantes para un aprovechamiento sostenible de los montes comunales, sobre todo en aquellas comunidades en las que ha habido un relevo generacional. Es el caso de Vincios, de Salgueiral o del proyecto colaborativo e horizontal O Monte é noso_Sachando procomún.
Y algo de esto tuvo que ver con lo sucedido en Cabral. Durante meses una fuerte campaña de la empresa, de la mano de la directiva de la comunidad de montes, presionó a los propietarios del monte (el conjunto de los vecinos de Cabral) para que aceptasen vender los terrenos. Pero un grupo de comuneros, junto con colectivos sociales, partidos de izquierda y grupos ecologistas consiguió paralizar las votaciones hasta asegurar que los vecinos contaban con toda la información necesaria y que las votaciones serían limpias. Y ganaron, a pesar de las presiones mediáticas y de las millonarias promesas realizadas por la empresa, los vecinos optaron por no vender los terrenos, salvaguardando un inmenso patrinonio natural (uno de las mayores espacios de naturaleza que rodean la ciudad de Vigo) y también económico, apostando por un aprovechamiento del monte distinto del basado en el ladrillo y en el macroconsumo.
El Parque Ofimático de A Coruña
Otra de las grandes luchas vecinales contra un macroproyecto urbanístico tiene A Coruña como escenario y su origen se remonta a hace dos décadas, cuando la Xunta expropió por la vía urgente 157.000 metros cuadrados a la entrada de la ciudad para construir lo que denominó como Parque Ofimático, un polígono que incluiría oficinas, campo de golf, helipuerto y hasta un apeadero de tren. El proyecto nunca salió adelante y se reconvirtió, tras recalificarse el uso de las fincas, en un plan para construir 2.000 viviendas.
Pero los antiguos dueños de los terrenos, contrarios a la expropiación forzosa, ganaron en su reclamación ante la justicia, que condenó a la Xunta a devolver 80.000 metros cuadrados de terrenos a unas 60 familias. Antes, la Xunta saca a subasta las parcelas para construir vivienda pública. Se adjudican a inicios de 2009. Son adjudicatarias varias cooperativas de vivienda pública y distintas promotoras privadas; los adjudicatarios abonan en ese momento el 50% del valor de la parcela. También se subasta y adjudica el terreno terciario.
En 2011, la Xunta aprueba una resolución ofreciendo la reversión de los terrenos a los anteriores propietarios a cambio de un precio muy inferior al que se había tasado a la hora de la expropiación. Los antiguos propietarios presentan recurso de alzada y demandan a la Xunta por certificar en falso que no hubo expropiación. Mientras, se adjudica a Acciona las obras de urbanización, pero el nuevo alcalde del PP, tras su victoria en las elecciones municipales de mayo, acuerda paralizarlas, lo que provoca las protestas de los cooperativistas que ya habían invertido sus ahorros.
Ahora, el conflicto es doble. Permanece el recurso de alzada de los primeros propietarios y el precio que avanza el Jurado de Expropiación indica que tendrían que pagar hasta tres veces lo recibido por unas parcelas registradas ahora a nombre de otros propietarios, que también reclaman sus derechos. Muchos vecinos están a la espera de ser desalojados y continúan las protestas.
