El desencuentro entre el juez del ‘caso Nóos’, José Castro, y el fiscal, Pedro Horrach, alcanzó este miércoles su cénit con la última acusación vertida por el representante del Ministerio Público. Horrach ha presentado un escrito al Juzgado en el que acusa al instructor de apoyarse en “una teoría conspiratoria” para citar a declarar a la infanta Cristina como imputada. La frase irrumpe en un escrito dirigido por el fiscal en el que solicita que, antes del interrogatorio a la infanta, declaren ante el juez dos peritos y una responsable de la Agencia Tributaria que exculparon a la hija del rey del delito fiscal por el que tendrá que responder el 8 de febrero.
Horrach dice que la declaración de los dos peritos “deviene imprescindible”. Tres son las razones que expone. La primera, porque han sido “cuestionados” por el juez instructor en el extenso auto por el que citó por segunda vez a la infanta. Dice el fiscal que precisamente Castro ha construido su “tesis inculpatoria” sobre las “discrepancias” que mantiene con los funcionarios de la AEAT.
Los tres funcionarios, añade Horrach, han sido objeto por parte de Castro de “imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional”. Se trata, añade, de “una teoría conspiratoria sobre la que el propio magistrado se apoya para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación de doña Cristina de Borbón”. Más adelante, califica esa tería de “absurda y denigrante” para los funcionarios por apuntar a una “manipulación tendenciosa”.
Horrach ya solicitó la apertura de diligencias contra Carlos Cruzado, presidente del sindicato Gestha. Según el fiscal, el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda había acusado a los autores del informe exculpatorio sobre la infanta de cometer “un hecho delictivo”. En el mismo auto en el que Castro citaba a la infanta, el juez rechazaba cualquier acción contra Cruzado.
El juez instructor denunciaba en su auto que los técnicos de Hacienda habían cambiado de criterio durante la instrucción. En una primera fase descartaron la validez de tres facturas falsas para hacer el cálculo de la cantidad presuntamente defraudada por la infanta, pero luego utilizaron las cantidades en ellas incluidas para concluir que en ningún caso la cifra alcanza por ejercicio los 120.000 euros en los que la ley fija el umbral para el delito fiscal. El tercer motivo para llamar a los funcionarios es, según Horrach, el párrafo del auto en el que el jue Castro habla de este “cambio de criterio”.
"Ahora pasemos a la realidad"
En su auto de imputación, Castro pedía al fiscal que no se perdieran “las formas”. Su petición parece no haber tenido efecto. Una vez recuperados los argumentos de Castro, Horrach afirma en su escrito: “Ahora pasemos a la realidad”. El fiscal defiende que los peritos no han dejado en ningún momento de considerar las tres facturas de la discordia como “falsas” y que si las han incluido en su cálculo es porque, a pesar de ser “ficticias”, “ocultaban el reparto de beneficios entre los responsables del grupo (Urdangarin y Torres)”. “Si el juez instuctor tiene otra teoría acerca del reparto del beneficio entre los dos responsables del Instituto Nóos, es hora de que lo exponga”, añade.
El fiscal aprovecha el escrito para volver a cargar contra la imputación de la infanta en “una breve reflexión”. Si el juez presenta “dudas e hipótesis” sobre cómo deberían haberse tributado determinados rendimientos en Aizoon, “resulta incongruente que se impute a doña Cristina de Borbón, ajena a la administración e la sociedad, por presuntamente conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos” la citada sociedad. Castro ya reprochaba en su auto a Horrach que se “empecinara” en entrar a la cuestión de la culpabilidad o inocencia de la infanta cuando el motivo de la citación como imputada es que comparezca para aclarar determinadas cuestiones.
Horrach también solicita la declaración de la inspectora jefe que ha liderado la investigación policial del ‘caso Nóos’, así como representantes de siete empresas vinculadas a la trama urdida por Torres y Urdangarin. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Palma aseguran que Castro estudiará este miércoles el escrito del fiscal y mañana jueves se pronunciará.
