Lo que ha pasado en Burgos durante estos días, explicado perfectamente por Ignacio Escolar, nos obliga a extraer lecciones para gestionar mejor nuestras ciudades. Podríamos pensar que la humanización de una gran avenida, convirtiéndola en un espacio más calmado, es una buena idea. Como técnicos, desde la distancia, no podemos sino asombrarnos de como una solución que técnicamente pueda parecer acertada puede generar tal confrontación a la manera de un violento movimiento NIMBY (no en mi vecindario / not in my backyard) que parece querernos decir ‘a nosotros que no nos toquen nuestro aparcamiento en superficie’. Los hechos demuestran sin duda lo peliagudo de las políticas de restricción del automóvil cuando aparcar se convierte implícitamente en un derecho intocable del ciudadano. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
Primero, la necesidad de contextualizar: un bulevar no es siempre una solución óptima, ni tampoco lo es el estacionamiento subterráneo. En lugar de proponer respuestas estandarizadas es importante responder con imaginación a los problemas de los lugares específicos. Si el aparcamiento en superficie era una clara demanda ciudadana, se debería haber encontrado una forma imaginativa para conseguir humanizar el viario sin reducir, tan drásticamente, las posibilidades de aparcar.
Segundo, la participación ciudadana: la población está justamente harta de proyectos cerrados venidos desde arriba. Aunque la implicación colectiva sea lo más deseable las autoridades deberían, al menos, iniciar procesos de escucha activa para desvelar las auténticas necesidades e iniciar los proyectos apropiados.
Tercero, el peligro de la segregación: Gamonal es un barrio con un perfil socio-económico trabajador, especialmente afectado por la crisis económica y con una evidente falta de equipamientos públicos. La concentración de gente trabajadora no es sólo consecuencia del aluvión de inmigrantes por la cercanía al polígono industrial y de la dotación de vivienda popular. La gestión de la inversión pública -en forma precisamente de falta de inversiones- puede reforzar procesos de segregación urbana generando efectos perniciosos en cuanto a la cohesión social.
Cuarto, la importancia de la transparencia: este caso ha demostrado lo peligroso de la colisión de intereses entre lo inmobiliario y el mundo político. Una gestión más transparente de los recursos públicos sin duda lo impediría.
Y quinto, el coste de oportunidad, probablemente el concepto más útil que la economía ha puesto sobre la mesa. Las inversiones y bienes no sólo suponen un desembolso monetario sino que además suponen un mayor coste según a que inversiones y gastos alternativos se podrían dedicar dichos recursos. Es tarea de la política pública poner sobre la mesa esas distintas opciones y hacer entender a qué se renuncia con cada elección. En este caso una gran parte de la ciudadanía lo ha tenido claro.
Me gustaría pensar que el grupo de trabajo creado por Javier Lacalle, después de decidir parar las obras, tendrá de verdad en cuenta estos aspectos a la hora de dar con las respuestas.
