Los copagos sanitarios se le atragantan al Gobierno. Si en octubre el ministerio dirigido por Ana Mato estaba redactando órdenes de pago porque el Ministerio de Economía había anunciado a la Comisión Europea una corrección "del déficit excesivo" en el que "la racionalización del gasto sanitario cobra importancia destacada", en enero, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha admitido que de "los que están pendientes, el Gobierno permanentemente estudia y los adecúa" a los cambios de la situación económica. Ante la crítica directa del Consejo de Estado sobre el copago en el transporte sanitario no urgente por no lograr ahorro efectivo debido a la inversión en el sistema de cobro, el Ejecutivo aduce una supuesta mejoría económica del país para revisar el paquete de medidas anti-déficit en materia de sanidad.
Los planes del Ejecutivo central pasaban por la aportación económica de los pacientes para utilizar ambulancias, para los complementos dietéticos en casos de diabetes o celiacos o para algunas prótesis ortopédicas. Al primer paquete le asignó un ahorro de 70 millones (25 salidos directamente del bolsillo de los ciudadanos); a los complementos les calculó 15,4 millones. Los prótesis suponen 150 millones de gasto al año. En el informe que se envió a Bruselas se especificaba que se estaba realizando un nuevo catálogo de implantes cubiertos.
Medicinas en el hospital
Y para completar el cuadro de copagos diseñados en el Ministerio de Sanidad está el cobro a pacientes de un porcentaje de los medicamentos en los hospitales. Sólo Aragón asegura tener a punto el sistema de cobro y estar dispuesto a ponerlo en marcha. Incluso la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores del Cospedal, anunció la semana pasada que el porcentaje que corresponde a sus pacientes lo asumirían las arcas castellano-manchegas. Acto seguido, el presidente de Madrid, Ignacio González, se adhirió a su manera: "Es lo que viene haciendo Madrid". De hecho, al único al que Ana Mato ha metido en cintura ha sido al diputado de IU, Gaspar Llamazares al rechazar el recurso de alzada presentado por el político asturiano contra ese copago por no tener un "informe de impacto previo sobre la salud". El ministerio despacha el escrito diciendo que la oposición de las comunidades son "puntos de vista" en los que la "opinión que en todo caso se tendrá en cuenta en lo relativo a la necesidad de regular con el rango de reglamento que corresponda, todo lo relativo al sistema de aportación por parte de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria".
