El Consejo de Estado cree que el Ministerio de Sanidad debe hacer una "reevaluación" del sistema de copago del transporte no urgente ya que "el objetivo de ahorro puede verse frustrado" por la inclusión de un sistema de gestión y cobro de las aportaciones de los usuarios, que obliga a hacer un gasto.
Este es uno de los análisis que hace el Consejo de Estado en el informe, al que ha tenido acceso Efe, sobre el real decreto que regula esta prestación de la cartera suplementaria, que fue tratada en el pleno del Consejo Interterritorial de Salud en diciembre de 2012.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado, tras conocer el informe, que lo estudiarán.
El Consejo de Estado considera que este objetivo de ahorro puede verse frustrado "dado el equilibrio o compensación a que se refiere la memoria entre ingresos y gastos, tanto en cuento al sistema de cobro, como en lo relativo a los criterios de racionalización para la utilización del transporte".
Por ello, entiende que "debería llevarse a cabo una reevaluación del sistema previsto o dotar de una mayor eficiencia a todo el régimen de gestión proyectado".
Además, el Consejo cree que la memoria de este sistema de copago "debería aclarar otros extremos" en relación al impacto económico de la norma, como cuál será el mecanismo por el que se hará efectiva la aportación del usuario o cuáles serán las cargas que para el ciudadano, usuario del transporte sanitario no urgente, supone el nuevo sistema.
El copago de transporte sanitario fue abordado en el Consejo Interterritorial de diciembre de 2012, cuando la ministra Ana Mato planteó a las comunidades autónomas que los enfermos que requieran tratamientos de larga duración pagasen un máximo de entre seis y sesenta euros al año, en función de la renta, por los desplazamientos no urgentes que tengan que realizar en ambulancias.
En el caso de los tratamientos periódicos superiores a seis meses, los enfermos deberían hacer las siguientes aportaciones: seis euros anuales para las rentas inferiores a 18.000 euros; doce para quienes ganen entre 18.000 y 100.000, y 60 para rentas superiores.
Los asegurados o pensionistas y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 100.000 euros pagarán un máximo de 60 euros mensuales; los que perciban entre 18.000 euros o 100.000 tendrán un límite de 20 euros al mes, y quienes ganen menos de 18.000 euros sólo abonarán como máximo 10 euros al mes.
