Las aguas vuelven a su cauce en la obra de ampliación del Canal de Panamá tras el virulento conflicto iniciado la semana pasada entre el Estado y las constructoras. La empresa española Sacyr parece encarrilar una tregua después del ultimátum por carta que envió el consorcio adjudicatario del proyecto Grupo Unidos por el Canal (GUPC). En la misiva se amenazaba con paralizar las obras en un plazo de 21 días si la Autoridad del Canal de Panamá no reconocía un pago de 1.600 millones adicional al presupuestado en el concurso de adjudicación.
