El Gobierno ha decretado el cierre de actividad para la central nuclear de Santa María de Garoña. Sin embargo con el cese de actividad de Garoña, el Ejecutivo abre la vía a lo contrario al permitir que durante un año los propietarios de la central puedan pedir su reapertura. Dicho de otro modo, si los responsables de Garoña insisten en continuar con la explotación de la central, el Gobierno de Rajoy se muestra dispuesto a cambiar cuantas leyes sean necesarias para hacer que eso sea posible.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado tras el Consejo de Ministros que el Gobierno "va a iniciar las modificaciones normativas necesarias" para "contribuir" a que pueda continuarse la actividad de la instalación "si así fuera posible".
El Ejecutivo de Rajoy diseñará un traje legal a medida de la central para que esta aleje la posibilidad de cierre de sus previsiones a corto plazo. Como viene siendo habitual en la acción del Gobierno, un Real Decreto permitirá el cumplimiento de sus deseos. Ese texto, todavía en forma de proyecto, alude a la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. En ese documento, el Gobierno modifica las condiciones de cierre de las nucleares y establece que el cese de la actividad tendrá carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica.
En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año. El real decreto aún debe pasar la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo parece inquebrantable en este punto. La vicepresidenta ha insistido en que el cierre de Garoña se debió a motivos económicos y no de seguridad. A ese argumento se agarra el equipo de Rajoy para permitir que la central nuclear siga abierta en el futuro.
