Bankia ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga las supuestas irregularidades en su fusión y salida a bolsa, que pedirá amparo al Tribunal Constitucional si no retrocede en su decisión de abrir una "inquisición general" contra la entidad.
Así lo manifiesta la entidad en un recurso ante la Sala de lo Penal de este tribunal, en el que le pide que anule el auto en el que Andreu acordó el pasado 27 de noviembre y a instancias de UPyD medio centenar de diligencias, entre ellas las retribuciones de sus directivos durante la presidencia de Rodrigo Rato y una veintena de testificales.
Para Bankia, la resolución del juez vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y le causa "indefensión", ya que no da ninguna explicación de por qué son necesarias todas esas pruebas, que califica de "impertinentes, innecesarias e inútiles".
Andreu acordó las testificales del subsecretario de Economía, Miguel Temboury; del director general del FROB, Antonio Carrascosa; del secretario general del Banco de España, Javier Priego, y del director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, así como la de varios directivos y ex altos cargos de Bankia.
Además, en su auto pidió a Bankia datos sobre la póliza de responsabilidad civil de los consejeros imputados, suscrita con Mapfre y sus modificaciones, y otras contratadas para cubrir dicho riesgo con distintas aseguradoras.
Entre otras diligencias, instaba al banco a que le informase sobre el desglose de las retribuciones "de cualquier naturaleza" abonadas a los consejeros, al comité de dirección y a su equipo directivo desde su creación hasta el 31 de mayo de 2012, así como las percibidas desde 2008 por sus empresas participadas.
Bankia apeló al secreto empresarial el pasado septiembre para pedir a Andreu que rechazase toda la prueba reclamada por UPyD e impidiese así que deba "desnudarse completamente", ya que pondría en riesgo la confidencialidad de sus "operaciones más sensibles" para servirlas "en bandeja" a sus competidores.
Una vez que el juez ha accedido a practicar la mayoría de las diligencias reclamadas por la formación, Bankia ha presentado este nuevo escrito en el que insiste en que se le va a "despojar completamente" de su "derecho a preservar su información comercial u organizativa sensible y a mantener alejada tal información de sus competidores".
Y añade que estas pruebas vulneran los derechos fundamentales de los imputados a la presunción de inocencia, a su defensa y a no declarar contra sí mismos.
Asimismo, "aunque pueda parecer una circunstancia menor", Bankia alega que la aportación de toda esa documentación "entraña un elevado coste humano y económico que, en buena medida", deberá sufragar la entidad.
Por todo ello, acusa al magistrado de "dar pábulo" a UPyD en su intento de conocer toda "la vida social" de Bankia para ver "qué pesca" e iniciar una causa general, "incompatible con los principios más elementales que fundamentan el procedimiento penal en un Estado de Derecho".
