Controlar a la población parece haberse convertido en la obsesión del Gobierno de la Generalitat, en manos de CiU. La clase política catalana está embarcada en el agitado debate sobre el derecho a decidir y el eventual referéndum sobre la independencia de Catalunya. Pero para el Ejecutivo catalán hay otra prioridad: recopilar por cualquier medio el máximo de información de las autoridades y de los ciudadanos. El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), un organismo nacido en 2010 para prevenir ataques informáticos contra la Administración catalana, junto con la brigada de información de los Mossos d’Esquadra, han pasado a ser los principales instrumentos para servir a ese objetivo, pero no son los únicos.
Los acontecimientos de las últimas semanas evidencian que la paranoia se ha instalado entre los dirigentes políticos catalanes y no siempre en relación con el proceso soberanista. Todo empezó a finales de octubre, cuando Anonymus, gracias a la documentación aportada por un exempleado del organismo, filtró que el Cesicat, concebido como un cortafuegos, se había dedicado a elaborar informes sobre activistas y periodistas de izquierdas en colaboración con los Mossos d'Esquadra.
El último episodio ha sido la difusión por parte de Ciutadans de un informe atribuido al Cesicat que propone invertir 28 millones de euros y desplegar 300 mossos durante los próximos cinco años para la creación de una Agencia Nacional de Seguridad destinada a espiar las comunicaciones y las actividades en Internet de los ciudadanos en las redes sociales. Un proyecto que evidencia que CiU concibe un futuro Estado catalán como un Estado vigilado. Vigilar a la población es más importante para ellos que preparar un proceso constituyente en el que se establezcan los derechos y libertades de los catalanes.
Cabría pensar que el Govern de la Generalitat se protege de los ataques que puede sufrir a causa del proceso soberanista que ha puesto en marcha para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya. Pero, a la vista de las personalidades que han sido objeto de vigilancia por el Cesicat, el Ejectutivo de CiU está más preocupado por sus adversarios políticos, no en relación con el soberanismo sino con sus políticas sociales.
Documentos filtrados por el colectivo Anonymous sobre el Cesicat muestran cómo los informes de seguimiento de activistas en las redes sociales que salieron a la luz a finales de octubre los elaboró este organismo conjuntamente con los Mossos d'Esquadra. Esta filtración revela cómo en el procedimiento de vigilancia hay un contacto constante entre el Cesicat y los Mossos, hasta el punto de que la propia policía podía encargar informes sobre perfiles de activistas o publicaciones que considerara destacables, como es el caso del perfil del fotógrafo Jordi Borràs.
Los documentos recogen, además, cuáles serían los responsables de los seguimientos que se llevaron a cabo en 2012 en relación con las protestas del Primero de mayo, la Cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona y el aniversario del 15M. Por parte del Cesicat, los encargados fueron su director, Tomàs Roy; el gerente, Josep Verdura, y los técnicos Carles Fragoso y Xavier Panadero, cuyos nombres ya aparecían en los primeros informes filtrados. Por parte de los Mossos, los responsables fueron los altos cargos Miquel Bertran y Fran Galera.
Relevo en Interior
De hecho, Felip Puig, consejero de Empresa y Empleo –departamento del que depende el Cesicat–, ya confirmó que el organismo actúa "en coordinación con la policía del país" y bajo los criterios de ésta. Lo explicó en sede parlamentaria. Puig, que antes de ocupar la cartera de Empresa y Empleo fue consejero de Interior, ya tuvo problemas por expresar públicamente su concepción de los Mossos d’Esquadra como una fuerza de choque preparada para repeler agresiones en el caso de que Catalunya se independice. Esa, sin embargo, no fue la razón de que Puig abandonara la cartera de Interior. Fueron los excesos de los mossos en manifestaciones pacíficas, como los que causaron que Esther Quintana perdiera un ojo a causa del impacto de una pelota de goma durante una concentración contra los recortes en la Plaza de Catalunya de Barcelona.
El relevo de Puig por el actual titular de Interior no ha suavizado la actitud de la Policía autonómica catalana. Durante su mandato han muerto tres personas a manos de los Mossos en circunstancias que se están investigando por presunta brutalidad policial.
El objetivo de los informes, según queda recogido, es la "identificación temprana de amenazas tales como llamadas o convocatorias de protesta", el "seguimiento de actividad e impacto de las comunicaciones realizadas en las redes sociales" y la "investigación específica de información publicada o personas de interés".
Las filtraciones muestran también que el Cesicat habría hecho informes sobre otros colectivos. En una presentación firmada por Carles Fragoso donde se explica cómo monitorizar actividad en la red, aparecen como ejemplos un seguimiento del Casal Tramuntana, una entidad de Barcelona vinculada a la extrema derecha, y, sobre todo, a la organización juvenil de la izquierda independentista Arran, desde el momento en que se fundó. Los informes incluyen datos personales y varias fotografías de Adrià Fontcuberta, el militante de Arran que registró el dominio de la web del colectivo.
Las principales amenazas parecen ser, pues, para el Cesicat, los movimientos de protesta contra los recortes y contra las políticas sociales del Govern. Y es que los responsables del Ejecutivo parecen no comprender cómo han cambiado la capacidad de movilización las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Con anterioridad, el Gobierno catalán se planteó un sistema espía de teléfonos móviles "indetectable para el usuario", no rastreable y con "monitorización directa del Whatsapp", según los documentos oficiales difundidos por Anonymus. Así consta en un documento realizado por el Cesicat destinado a los Mossos al que identifica como UMT y que está directamente relacionada con las telecomunicaciones. Estos teléfonos, igual que ocurría con los distribuidos entre altos cargos de la Consejería de Interior y escoltas, podían convertirse en micrófonos ambiente o en cámaras de vídeo por control remoto.
A pesar de la lluvia de protestas y de denuncias de la oposición ante la Fiscalía, el Govern no ceja en su intento de obtener datos inviolables de los ciudadanos. La última iniciativa ha sido la de la Dirección General de Tráfico, que pretende obligar a los médicos de informar de aquellos pacientes con adicciones o sometidos a tratamientos con psicofármacos con el objeto de retirarles de forma inmediata el carné de conducir.
