Casi seis años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica aún no ha llegado a muchos lugares públicos. Mientras algunas instituciones públicas se van deshaciendo, despacio, de los últimos vestigios franquistas en sus espacios públicos, ya sea física o simbólicamente, otras recorren el camino contrario y, en una inefable decisión, reponen la simbología de la dictadura que ya había sido retirada, incluso antes de la propia ley. Esto es lo que acaba de ocurrir en Vila de Cruces, según denuncia la oposición de este municipio pontevedrés perteneciente a la comarca de Deza.
"Hay cosas que ya pensábamos que estaban superadas pero, por lo que se ve, nuestro alcalde o aún vive en la posguerra o le ha traicionado el subsconciente". Son las dos posibles explicaciones que se le ocurren al PSdeG local tras comprobar que dos placas de exaltación de sendas dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Franco, han sido reubicadas en el local social municipal de la parroquia de Carbia. Esto acontece, explican, "más de treinta años después" de que hubieran sido retiradas de su emplazamiento original, la antigua Casa del Ayuntamiento, por iniciativa del entonces edil socialista José María Vilariño.
Pero ahora, denuncian, el popular Jesús Otero (PP), que gobierna el municipio con mayoría absoluta, "las ha desempolvado y las ha reubicado en un nuevo local público, vulnerando la ley" de manera consciente y "despertando viejos fantasmas del pasado". "Porque si el hecho de tener placas franquistas sin retirar en lugares públicos puede resultar grave, más delito tiene reubicar las que ya habían sido retiradas en su día", evidencian.
Mientras esperan a que "se pronuncie el resto de los concejales del gobierno municipal", y especialmente, dicen, una edil vecina de la parroquia "en la que tuvieron la feliz idea de colocar las placas", el PSdeG ya ha solicitado formalmente "que se retiren inmediatamente las placas fascistas para evitar la vergüenza que supondría para Vila de Cruces que tuviera que ordenar su retirada la fiscalía o el juez correspondiente". "Para más colmo -advierten- el local donde el alcalde ha reubicado las placas viene sirviendo como local electoral", circunstancia que, "a buen seguro, propiciará impugnaciones" en futuros comicios.
