Hace unos meses estaba trabajando en una oficina a pie de calle en el barrio barcelonés del Raval con otra gente cuando entraron una pareja de Mossos d'Esquadra.
- Buenos días. ¿Esto qué es?
- Es una oficina-contestó alguien-. Aquí trabajamos.
Los Mossos pasearon la vista. Una mesa grande, unos ordenadores portátiles. Las caras frente al teclado.
-Bien. Estamos pidiendo a los vecinos del barrio sus experiencias con respecto a la seguridad. ¿Ustedes se sienten seguros aquí?
Hubo cierto estupor. Creo que se nos escapó alguna sonrisa. Eran las once de una mañana soleada. Uno de los dos Mossos anotó el nombre y número de teléfono de alguien del local para mantener el contacto si fuera preciso y se fueron. Con el paso de los días, al pensarlo, la situación me resultó cada vez más absurda: nos habían hecho una sola pregunta (¿Ustedes se sienten seguros aquí?), no habían seguido ningún protocolo ni cuestionario preestablecido, habían anotado un nombre y un número de teléfono en una libreta en blanco y nada más. No se necesitan dos policías para hacer una encuesta sobre seguridad a las once de la mañana en una calle tranquila, pensé. Fue quedando claro que aquello era otra cosa. Pero no qué. Hasta hace bien poco, no entendí que otra manera de describir lo que pasó esa mañana fue que “se había establecido un dispositivo de seguridad”.
Esta es la frase que el departamento de comunicación de los Mossos d'Esquadra utilizó en la nota de prensa del lunes para justificar los hechos de la semana pasada en varios locales de la misma zona del Raval. Recordemos: cuatro furgonas de los Mossos d'Esquadra entraron en seis locales de la zona, entre ellos La Bata de Boatiné y El Cangrejo, dos bares de larga tradición en el ambiente, y exhibieron varias formas de intimidación y violencia policial: numerosas personas fueron acorraladas, amenazadas con pistolas y al menos dos fueron agredidas.
Para quien no conozca el Raval: no se trata de La Casa de La Pradera. La crisis ha hecho mella en un barrio en la que una familia se las apaña con la mitad de la renta media de la ciudad. Las preocupaciones entre el vecindario son las problemáticas derivadas de la exclusión social, el trapicheo de drogas y la prostitución ilegal. Entonces: ¿qué dispositivo de seguridad se aplicó?, y ¿ante qué? Mientras los responsables no contesten, lo único que se puede hacer es especular. Los bares dónde se realizó la redada tienen en común que se encuentran en el eje de las calles Robadors y San Ramón, junto a fincas en muy mal estado urbanístico. Los vecinos, un año antes, habían denunciado la sobreocupación y la utilización ilegal en esa misma calle de 15 pisos como meublés.
¿Qué tiene que ver eso con los bares? Nada. Cumplen la normativa vigente y funcionan de acuerdo con su horario. Los testimonios recogidos apuntan a algo mucho más plausible: el dispositivo no es de seguridad, sino de explicitación de la fuerza, de exhibición ante los votantes de que se está haciendo algo contra la inseguridad en las calles y que se hace cuando hace falta, de madrugada, si es preciso.
Y ahí va la pregunta aterradora: ¿contra quién es ese dispositivo? En las últimas dos semanas, en el barrio la fuerza se ha usado contra gente tomando algo en bares nocturnos y un periodista que pidió la tarjeta identificatoria policial a unos agentes. Los colectivos LGTB estudian presentar denuncias contra la actuación policial del sábado. Mientras tanto, una pareja de hombres sigue con su dispositivo: el alcalde Xavier Trías firma acuerdos con el conocido “alcalde homófobo” de Budapest, y el jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha pedido en el Parlament mayor libertad de movimientos para que los agentes no tengan que asumir responsabilidades penales de sus actos durante una actuación policial. A eso se le conoce técnicamente como usar la “obediencia debida”, que reconoce como primer precepto el principio de autoridad, y no el de juridicidad. Y creo que ya sabemos todos lo bien que acaba ese cuento.
