El 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) presentado en su XIII Congreso Anual celebrado en Granada.
Este dato contrasta con las rentas declaradas por el 80% restante que, pese a ser un número de contribuyentes cuatro veces superior, apenas acumuló el 56% de los ingresos, lo que, según Gestha, pone de manifiesto la existencia de un alto nivel de desigualdad social y económica. A esto se suma que el 20% de los declarantes "más pobres" solo represente el 6,6% de los ingresos totales.
De hecho, según el índice de Gini, que sirve para medir si la riqueza está bien repartida o no -siendo cero el valor más equitativo y 1 el más desigual-, el registro español se sitúa en un 0,32, lo que supone un nivel elevado para un país como España, que teóricamente se encuentra entre los países más desarrollados.
No obstante, este coeficiente varía sustancialmente en función de las distintas comunidades autónomas analizadas, siendo Madrid y Cataluña las que presentan mayores brechas de desigualdad al concentrar el mayor número de grandes fortunas.
Además, los Técnicos destacan cómo esta brecha se ha abierto más en los últimos años como consecuencia de la crisis, ya que en 2007 el índice de Gini se situaba en el 0,28, aumentando un 10,8% hasta 2012. En este intervalo, fueron los años 2009 y 2010 los "más dramáticos" al incrementarse en casi dos millones el número de parados y al deteriorarse con mayor intensidad la economía española, que llegó a retroceder un 3,7%, dejando las cuentas públicas al borde del colapso.
En paralelo, este aumento de la diferencia entre los contribuyentes más ricos y la gran mayoría de los asalariados no sólo se ha convertido en una sensación generalizada a causa de la crisis, sino que también se ha traducido en una realidad a pie de calle, con un aumento espectacular de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.
Así, desde que se inició la crisis a finales de 2007, algo más de dos millones de personas han pasado a vivir por debajo de este umbral, hasta los 9,3 millones, lo que supone un 28,8% más. Sin embargo, el informe evidencia sustanciales diferencias entre comunidades, siendo Navarra, Madrid y Cataluña aquellas donde más avanzó la desigualdad.
En cambio, la desigualdad se redujo o se mantuvo estable en Castilla y León (-16,4%), Extremadura (-8%) y Galicia (+1%). Según Gestha, esto se debe a que son autonomías en las que la densidad de grandes patrimonios es mucho menor, lo cual no crea una situación de disparidad con el resto de los asalariados, que ganan rentas mucho más modestas.
En una posición intermedia se encuentran los ciudadanos de Asturias, La Rioja, Castilla y León y Baleares, que cuentan con unas cifras de desigualdad por debajo de la media aunque, según Gestha, esta brecha entre "ricos y pobres" podría incrementarse si no se adoptan medidas contundentes para contenerla.
Medidas centradas en las grandes fortunas
Para frenar esta situación, Gestha propone intensificar la lucha contra el fraude, y enfoncarla en investigar la evasión protagonizada por las grandes fortunas y grandes empresas, que concentran el 71,8% del fraude fiscal total. Esta parte supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales.
Asimismo, Gestha aboga por crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, aunque el tipo efectivo de este nuevo tributo debería triplicar al del actual impuesto para ser efectivo. De este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".
Además, reclama una reorganización de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para que dedicara más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80% de los recursos a lo más fácil que es investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados, además de adoptar medidas para ejercer un mayor control de la eficiencia del gasto público.
