Las comunidades autónomas tendrán la potestad de elegir qué entidades sin ánimo de lucro entran en el plan de pago preferente que ha diseñado el Ministerio de Hacienda y que se aprobó la semana pasada. Los ejecutivos regionales harán una selección de sus acreedores y decidirán con quienes se ponen al día, en cualquier caso, no antes de octubre. En los otros planes de proveedores, son los propios acreedores los que van con su factura para que las entidades locales les regularicen la situación. Es decir, los afectados tienen la iniciativa que en el caso del tercer sector estará en manos de la parte morosa.
Las diferentes consejerías de Sanidad, Asuntos Sociales o Inmigración tienen miles de facturas acumuladas con las asociaciones con las que han firmado convenios, conciertos o concedido subvenciones para que desarrollen las competencias que la administración ostenta en cuanto a atención de discapacitados, prevención de SIDA, lucha contra la drogradicción, acogida de menores, residencias de ancianos, atención a la ley de Dependencia... Sólo el CERMI -Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad- ha calculado que la cantidad que "las Administraciones deben a entidades que atienden a personas con discapacidad. Incluyendo subvenciones aprobadas y no pagadas, y facturas vencidas y no abonadas, el total asciende a 147.270.245,77€".
Las cifras de lo que se adeuda a todo el sector por prestar estos servicios públicos son muy dispares. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró tras el consejo de ministros del 28 de junio que la partida prevista era de "687 millones de euros", pero fuentes del ministerio de Hacienda estiman que "la deuda del tercer sector puede llegar a 3.000 millones". Este enorme volumen procede de que esos 687 millones proceden solo del ámbito de la discapacidad, la infancia la tercera edad pero puede haber alrededor de 2.300 millones de euros que sean imputables a conciertos sanitarios, educativos y sociales y proveedores de universidades.
Con todo, serán las comunidades las que envíen al ministerio -hasta el 19 de julio de 2013- "una relación certificada de su interventor de las obligaciones pendientes". Tras la comprobación por parte del Gobierno central, los proveedores tendrán diez días (sin contar agosto) para pedir una explicación al mismo interventor si no aparecen entre los beneficiarios.
El silencio será considerado como denegación de la reclamación. El 20 de septiembre los ejecutivos regionales enviarán a Hacienda el listado "de las facturas aceptadas". En el ministerio están convencidos de que "a las propias comunidades les interesa meter toda su deuda porque las facturas que no se incluyan ahora les computarán en el cálcula de Pago Medio a Proveedores de 30 días de la ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público".
