"Su intención de asfixiarnos económicamente no va a parar nuestras acciones pacíficas". Es la respuesta que Greenpeace, en boca de su director en España, Mario Rodríguez, da a la nueva ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto se ha conocido este miércoles con algunas modificaciones. Aunque Moncloa ordenó revisar las sanciones más polémicas filtradas la semana pasada en el primer borrador, lo que la organización ecologista llama 'cláusulas antiGreenpeace' se mantienen como infracciones administrativas muy graves, penadas con el pago de multas de entre 30.001 y 600.000 euros.
