Una jueza argentina ha puesto una difícil decisión sobre la mesa del Consejo de Ministros de Rajoy. María Servini de Cubría instruye en Argentina la causa contra los crímenes del franquismo y acaba de conseguir que Interpol dicte una orden de detención internacional contra cuatro presuntos torturadores durante la dictadura. La legislación española impide, en principio, la extradición de ciudadanos españoles pero en el caso de Argentina media un tratado entre ambos países que podría permitir la entrega. Las decisiones más importantes para que eso suceda o no deberá tomarlas el consejo de ministros que preside Mariano Rajoy.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros deberá estudiar la extradición, si previamente se procede a la detención de las personas señalas por Interpol. Si el Gobierno decide facilitar su tramitación, deberá pasarle el caso a la Audiencia Nacional para que delibere sobre las razones a favor y en contra de la entrega. Si la Audiencia Nacional dice no, el caso se cierra. En caso de que la Audiencia vea razones para autorizar la entrega, el Gobierno tendrá la útima palabra y todavía margen para denegar la extradición.
"La Audiencia Nacional viene aplicando cierto principio de reciprocidad", según fuentes jurídicas. Se da la circunstancia de que España sí ha juzgado a militares de la dictadura argentina y dos de ellos han ingresado en prisión para cumplir sus condenas en cárceles españolas.
Como complicación jurídica añadida figuran las leyes de amnistía que Argentina derogó pero España no. Dicho de otro modo: Argentina considera que es competente para juzgar a quien España no puede, por la protección legal que rodea a los crímenes previos a la dictadura.
Además, el tratado de extradición con Argentina deberá enfrentarse de pleno con la ley 4/1985 de extradición pasiva. Ese texto, redactado por el primer Gobierno de Felipe Gonzaléz, señala que "no se concederá la extradición de españoles". Según ese texto, cuando los delitos han sido cometidos en suelo español, solo la justicia española es competente para juzgarlos. El debate se inicia y Rajoy deberá decidir cuánto lo prolonga.
