La jueza argentina que instruye la causa contra crímenes del franquismo, María Servini de Cubría, ha decretado una orden internacional de detención preventiva para su extradición contra cuatro agentes de la seguridad del Estado acusados de torturas durante la dictadura. Se trata del exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real española Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, el exinspector José Antonio González Pacheco, apodado "Billy El Niño" y el exagente de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar.
La jueza ha resuelto "Encomendar el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, a la Organización Internacional de Policía Criminal", según se lee en el documento del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, con fecha 18 de septiembre. Que sean extraditados o no depende únicamente del Gobierno español.
La medida, que ha sorprendido a los propios querellantes, implica que los cuatro imputados no podrán abandonar el país, ya que serían detenidos por Interpol. Aunque consideran "díficil" que los cuatro presuntos torturadores puedan ser encarcelados, los impulsores de la querella destacan que la decisión judicial "da un verdadero empujón" a la causa. "Es lo máximo que podía hacer la jueza", han explicado a eldiario.es.
Colaboración del Gobierno español
Servini de Cubría se ha comprometido además a pedir expresamente al Gobierno español su colaboración para interrogar a estas personas. "Estamos seguros de que el Gobierno no hará nada, pero al menos será evidente ante la comunidad internacional que España encubre a unos torturadores", señalan los querellantes, que han convocado para mañana a las 13 horas una concentración en la Puerta del Sol, sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, a la que asistirán personas que fueron torturadas allí por algunos de los imputados en la causa.
La causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. La denuncia fue presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 por Darío Rivas e Inés García Holgado. Rivas, nacido en Argentina, buscaba rescatar los restos de su padre, alcalde de un pueblo de Galicia, asesinado por la Falange. García Holgado buscaba justicia para su abuelo, detenido por "auxilio a la rebelión" y luego asesinado junto a su tío y dos tíos abuelos. A esta primera denuncia fueron sumándose decenas más. Y actualmente la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina aglutina a más de 100 asociaciones en toda España.
Los abogados de los querellantes tuvieron una reunión con la jueza en Buenos Aires hace tres semanas, en la que pidieron también que pusiera en marcha las declaraciones por videoconferencia de testigos desde Madrid, que fueron suspendidas por el embajador español por las presiones del Gobierno español. También acordaron la visita de una delegación de políticos españoles a Argentina para mantener un encuentro con la propia Servini de Cubría.
