El Gobierno parece entender que el aumento en Cataluña tanto de los partidarios del derecho a decidir como de los independentistas se debe a una cuestión meramente económica. Dos días después de la Diada, la vicepresidenta no se ha movido un milímetro del "no" a la consulta con el repetido argumento de que no cabe ni en la Constitución ni en las leyes. Así se lo hará saber Mariano Rajoy a Artur Mas en las próximas horas, cuando le enviará su carta de respuesta a la que le hizo llegar el "president" en el mes de julio.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha sido tajante en la negativa a entrar en posibles reformas de carácter territorial o cambios jurídicos en los que pueda tener cabida la consulta en Cataluña. Dos días después de la Diada, todo su mensaje a los cientos de miles de ciudadanos que hicieron visible su descontento al formar parte de la cadena humana llamada "via catalana" ha sido que el Gobierno no puede hacer nada porque no entra en la Constitución. Después de que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se desmarcase del discurso habitual y se mostrara partidario de que el Ejecutivo escuche las peticiones de los ciudadanos en la calle, la número dos del Gobierno no se ha movido de que la respuesta es "firmeza y fortaleza" aunque con "serenidad".
Negativa al debate territorial
La vicepresidenta ha insistido en que la contestación del Gobierno siempre es la misma y que la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre no va a variar el sentido de sus palabras: "Nuestra posición es la de siempre con independencia del día. No podemos hacer otra cosa". Dicho esto, se ha esforzado por dejar claro que si de la Constitución y la estructura territorial no se habla, sí se puede avanzar en otros aspectos, los económicos.
Así, se ha dirigido a los catalanes para trasladarles que pueden hacer mucho por ellos en el plano económico. "Tienen que saber que también somos su gobierno y que nuestro máximo interés es trabajar en la recuperación del crecimiento y la creación de empleo en esa comunidad". Además de vender que la garantía de las pensiones también afectará a los catalanes o que el plan de pago a proveedores ha supuesto mejoras concretas en Cataluña, Sáenz de Santamaría ha dicho estar dispuesta a "hablar en positivo de lo que el Gobierno puede hacer por los sus ciudadanos".
Sobre el ataque de ultras que sufrieron los asistentes a la celebración de la Diada en la Llibreria Blanquerna, sede también de la Generalitat en Madrid, la vicepresidenta ha anunciado que todos los que participaron están detenidos y que el ministro del Interior comparecerá en el Congreso para dar explicaciones. Sáenz de Santamaría no ha sido muy clara sobre si se ilegalizará a las formaciones de extrema derecha y se ha limitado a hacer referencia a un análisis para ver si se cumple los requisitos que marca la Ley de Partidos. Además, ha recordado que una próxima reforma del código penal pasará por endurecer las penas para los que comentan delitos de incitación al odio.
