El último auto de Mercedes Alaya tiene muchas lecturas. La más clara es que la jueza está apuntando, en este momento de la instrucción, cada vez más arriba y en la misma dirección. Van a pasar por el juzgado como imputados (más los que ya estaban) altos cargos de la Junta de Andalucía con una posición notoria en las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación, desde donde partieron, se presupuestaron, no se controlaron y se abonaron, según el caso, las ayudas sociolaborales a la prejubilación y las ayudas a empresas dentro de la conocida partida presupuestaria 31L a la que pertencen los ERE fraudulentos.
Un procedimiento bajo criterios supuestamente irregulares que está siendo desgranado y que está generando la investigación de cada uno de los intervinientes, técnicos y políticos, durante toda una década en la cocina de la Administración andaluza. Una década que, en lo que a la Consejería de Economía se refiere, se detiene en 2004, ya que ni el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ni su sucesora en dicha consejería, Carmen Martínez Aguayo, han sido objeto directo en los autos de Alaya, cuya investigación se ha alargado hasta directores de Trabajo muy recientes o actuales viceconsejeros de dichas consejerías.
Y aquí llega una segunda lectura a modo de pregunta y con una palabra clave: aforado. Si la jueza Alaya ha imputado ya a personas con alto rango, incluidos exconsejeros como Antonio Fernández o Magdalena Álvarez, ¿qué tienen de especial (entre otros) Griñán, Martínez Aguayo o el propio José Antonio Viera, firmante además este último del convenio marco con el entonces IFA que generó el sistema de ayudas en julio de 2001 cuando era consejero de Empleo?
El fuero, competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo, implica que tribunales de instancia superior como el TSJA o el Tribunal Supremo se hagan cargo de un caso en el caso de se impute, por ejemplo, a alguno de estos responsables o exresponsables políticos, considerados aforados. La jueza, entonces, tendría que emitir un auto de inhibición por el cual cedería el testigo de la investigación a otro tribunal.
Y más de uno, principalmente en el seno socialista y del Gobierno de la Junta, lo agradecería. Porque, y entramos en lo que podría ser una tercera lectura: las más importantes decisiones de esta jueza, más allá de su fundamentación jurídica, suelen aguar la fiesta de determinados acontecimientos de la Junta o del PSOE-A por su coincidencia temporal, amén de algunas notificaciones en periodo preelectoral como ocurrió antes de las municipales, generales y autonómicas entre 2011 y 2012.
La primera, y de momento única declaración fijada, es la del interventor general de la Junta, el 25 de julio, cuatro días antes de las primarias del PSOE-A que tanto están dando que hablar. Este mismo martes, muchos socialistas han pensado a las primeras de cambio y denunciado ("@mariojimenez: resulta sospechoso y llamativo que precisamente hoy se produzca un auto tal, coincidiendo con nuestro comité director"), y entre los socialistas andaluces se alude ya a una "causa general contra los gobiernos de Chaves y Griñán", como ha denunciado el mismo Vicesecretario General del PSOE-A.
La figura del presidente, protagonista indiscutible los últimos días, cierra el círculo de las interpretaciones con la cuarta y última lectura del auto de Alaya. La cercanía temporal de los hechos, pero ahora en contra. Su decisión de no aspirar a la reelección, la convocatoria urgente del proceso de primarias y las incertidumbres sobre si terminará o no la legislatura de la que se acaba de cumplir un año, se producen horas antes del "paso cualitativo" que ha querido dar Alaya en la instrucción cargando sobre sus predecesores y personas cercanas en su exconsejería. Inevitablemente, se podría interpretar ahora la decisión de Griñán respecto a su retirada de primera línea en relación al pronóstico de malas noticias procedentes del Juzgado de Instrucción número 6.
Una de las personas hoy imputadas, Antonio Lozano, podría ser considerada una de las más importantes en el pasado, presente y también en el futuro de la Junta. Del pasado, porque fue quien marcó las líneas de los presupuestos investigados junto a Griñán en Economía y Hacienda, al menos entre 2004 y 2009. De futuro, porque se trata del viceconsejero de Susana Díaz, quien esta semana dará el paso hacia las primarias para la candidatura a la Presidencia andaluza. Y del presente, porque es la persona en el cargo con mayor rango del actual Gobierno de la Junta, el que preside a día de hoy José Antonio Griñán, a quien el auto de Alaya podría haber cercado definitivamente.
