No se tiene claro en qué momento Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, se dio cuenta de la presión popular. Tampoco si ha sido una imposición del PSOE de esta Comunidad Autónoma para que apoyara la Ley de Ordenación del Territorio. Pero lo que está claro es que con fecha 1 de julio se han reabierto las urgencias nocturnas que durante ocho meses han cerrado en 17 consultorios médicos rurales.
En alguno de ellos, como el caso de las salmantinas Arribes del Duero, la comarca que más guerra ha dado contra este cierre, incluso se han echado a la calle para celebrarlo. Charangas, bailes… Y es que han sido más de 200 noches en vilo para evitar este cierre. Y ahora lo han conseguido. Aunque todavía quedan algunas dudas o sospechas, sobre todo las que parten de algunos medios de comunicación que dejan sombras.
Sin embargo, los dos principales partidos en las Cortes regionales han dado un giro sin precedentes en la política de Castilla y León. Han hecho que un Debate del Estado de la Región sirva para escenificar el acuerdo, todo ello capitaneado por Juan Vicente Herrera (PP) y Óscar López (PSOE).
En el acuerdo se ha concretado que se constituya un “grupo de análisis de carácter paritario” que ya se ha reunido con el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, para fijar el ritmo de reapertura. En un principio, se van a reabrir entre ocho y nueve consultorios. Y después de verano, el resto.
Si la Junta de Castilla y León había utilizado los argumentos económicos para ordenar el cierre de esos servicios, ahora acepta que el coste de la reapertura corra a cargo de una parte de los fondos que el Ejecutivo regional recupere al ampliarse el objetivo de déficit para este año.
Ahora, ocho meses después, se pueden recordar las justificaciones que daba el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, cuando dijo que esos servicios eran poco utilizados y que, en algún caso, “sólo había un paciente por noche” y que cerrándose los 17 consultorios se iban a ahorrar 1,5 millones de euros.
Y es que en octubre se conoció que iban a ser 81 municipios de Castilla y León los perjudicados por el cierre del servicio de urgencias nocturnas de 17 centros rurales, algunos en zonas rurales que hacen más complicado los traslados.
Desde entonces, se han sucedido manifestaciones, concentraciones, vigilias en los propios centros de salud, declaraciones más o menos afortunadas o denuncias judiciales, todas ellas archivadas. Pero los vecinos no han cejado en su empeño.
Y ahora, ocho meses después de abrir una batalla, la Junta de Castilla y León, la misma que lo decidió, da marcha atrás. O por presiones políticas o vecinales.
