El debate jurídico es importante. Lo apuntan diversas fuentes judiciales, tras la lectura del auto del 10 de septiembre de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos. Novedoso, abstracto, sin aclaración posible, jurídicamente complejo... son muchos los adjetivos que tiene en apenas 24 horas. Hasta de "posible errata" hablan algunos cuando, en la parte dispositiva del auto, alude a los exaltos cargos como "en calidad de imputados". El escenario personal para los aforados señalados en el escrito (dos expresidentes de la Junta de Andalucía y cinco exconsejeros) es tan ambiguo que, según coinciden las fuentes jurídicas del TSJA y del Supremo, en este momento su futuro más inmediato depende del movimiento que haga la Fiscalía Anticorrupción como "garante de la legalidad".
Anticorrupción está estudiando el auto para comprobar si es conforme a la jurisprudencia del Supremo para decidir si lo recurre. Tiene un plazo de cinco días para ello. "No creo que la Fiscalía recurra a la jueza; irá directamente a la Audiencia de Sevilla", que deberá resolver en apelación. En cualquier caso, "todo depende de ella". De la jueza Alaya, coinciden las fuentes.
La jueza, cuando considere concluida la instrucción, podría remitir testimonio al Tribunal Supremo sólo en la parte relativa a los diputados nacionales (Manuel Chaves y José Antonio Viera) mediante la denominada exposición razonada, es decir, los motivos por los que cree que deberían estar imputados pero que, al no tener competencia para ello por ser aforados, deja en manos del Supremo la instrucción respecto a ellos. "Lo lógico", señalan fuentes jurídicas, sería que eligiera idéntico camino en relación a los diputados autónomicos, pero en este caso el tribunal superior que les investigará y enjuiciará sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Alaya lo expone claramente en el auto: "La segunda actuación que debe realizar esta instructora tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, es remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente para la instrucción y enjuiciamiento de la misma mediante exposición razonada (arts. 57-1 2ª y 73.3 (a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en la que para justificar la competencia de este último habría que individualizar la conducta delictiva concreta de los aforados y algún indicio o principio de prueba que pueda servir de apoyo a tal argumentación".
Los precedentes
Fuentes consultadas de los tribunales superiores citados insisten en que en ningún caso pueden actuar de oficio, sino que tienen que esperar a que alguna instancia se dirija a ellos para pronunciarse en uno u otro sentido. Apuntan un par de precedentes en este sentido. En noviembre de 2011, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo remitió al Tribunal Supremo testimonio de las actuaciones en las que figuraba el exministro de Fomento, José Blanco, por el 'caso Campeón', archivadas finalmente en julio pasado. Desde el TSJA mencionan que devolvieron a un juzgado de Écija (Sevilla) unas diligencias contra el parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo a pesar de su condición de aforado.
La otra actuación que decide emprender Alaya en su auto respecto a los aforados es "darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean a tenor del art. 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que la propia jueza califica de "confuso". Fuentes jurídicas apuntan que el mencionado artículo "apenas se ha utilizado" o que es "absolutamente novedoso" en su aplicación.
El auto ha sido notificado a todas las partes pero no a los que son los protagonistas del mismo, ya que "para que se les notificara, antes tendrían que personarse". Es decir, que estaría en manos de estos reconocer una presunta culpabilidad para poder tener acceso a las actuaciones.
"Toda esta nebulosa se tendrá que aclarar a través del recurso que pueda presentar la Fiscalía", resume una fuente, "que es quien tiene ahora que decidir qué hace, como garante de la legalidad que es". En una de sus últimas comunicaciones, la Fiscalía Anticorrupción pidió que Mercedes Alaya, para avanzar en la instrucción y garantizar sus derechos, fijara un "calendario razonable" para la declaración de la veintena imputados a comienzos de julio (solo han acudido dos al juzgado, Manuel Gómez y Antonio Diz-Lois), y está fijada la declaración de otros seis entre septiembre y octubre.
En dicho escrito presentado ante el juzgado, la Fiscalía exigía "la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas, de forma que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan conforme el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
