La jueza Alaya acaba de dictar un auto en el que imputa a los dos últimos presidentes de la junta de Andalucía sin competencia para ello. Independientemente de la gravedad de los hechos investigados por Alaya, causa evidente de la renuncia de Griñán a la presidencia, el paso al frente de la magistrada sitúa su decisión "al borde de la prevaricación", según fuentes del Tribunal Supremo.
Según las fuentes consultadas en el alto tribunal en el momento en el que la jueza apreciase indicios claros de delito su obligación procesal es elevar una exposición razonada al Supremo en la que explique todos aquellos detalles indiciarios que pesan sobre aforados. Sin embargo, Alaya no ha redactado una exposición razonada sino un auto de imputación en toda regla y en él incluye a dos diputados en el Congreso (sometidos al aforamiento del TS). En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción está estudiando ya el auto para comprobar si es conforme a la jurisprudencia del Supremo para decidir si lo recurre, según la Agencia Efe.
En su escrito, la magistrada se contradice a sí misma al afirmar que "esta proveyente como juez de Instrucción no puede realizar un juicio formal de imputación o inculpación" y pocas páginas más adelante señalar que "procede comunicar la existencia del presente procedimiento en calidad de imputados a Manuel Chaves, José Antonio Griñán..."
"Alaya no puede imputarles ni decirles que se personen en un procedimiento para el que ella no es competente", señala un magistrado del Tribunal Supremo en conversación con esta redacción. La decisión del juzgado de Alaya de hacer pública la noticia de las "presuntas" imputaciones justo en el momento de la toma de posesión el nuevo gobierno andaluz ha generado estupor en círculos jurídicos y políticos.
La decisión de la magistrada ha caido como un jarro de agua fría en la reunión del grupo parlamentario socialista en el Congreso. Del encuentro, presidido por Rubalcaba, se han salido Manuel Chaves y Gaspar Zarrías. A ambos políticos andaluces se les ha podido ver conversando preocupados en los pasillos del Congreso antes de abandonar el edificio.
