La Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel para la cúpula del PP que dirigía Francisco Camps. En el escrito de acusación por la instrucción del caso Gürtel en Valencia, el Ministerio Público considera que los exdiputados Ricardo Costa y Vicente Rambla son responsables de un delito electoral por la financiación irregular de la campaña de 2007.

Costa y Rambla se enfrentan a penas de prisión por un delito electoral y también por falsedad en documento mercantil, según la petición de la Fiscalía. Este es el escrito de acusación que ha registrado en la causa por la que el juez ha procesado a la cúpula de varios exdirigentes del PP valenciano y empresarios vinculados con la financiación irregular del PP. Tras la decisión del magistrado, Ricardo Costa presentó su dimisión en las Cortes Valencianas.

El documento también se refiere a los delitos fiscales atribuidos a las empresas de la trama Gürtel, como Orange Market SL y otras sociedades vinculadas a Francisco Correa.

El fiscal confirma que los acusados, entre ellos Costa –que fue vicesecretario general del PP valenciano– y Rambla –que ocupó varios cargos en el Gobierno regional–, "no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente".

1,2 millones sin facturar

Además, señala que los responsables de la campaña del PP valenciano "abonaron irregularmente" los servicios realizados por Orange Market. "Tales pagos no quedaron reflejados ni en facturación ni en contabilidad", reza el escrito.

El fiscal sostiene que en las elecciones de 2007 no se declararon ante Hacienda al menos 1,2 millones de euros correspondientes acerca de una veintena de actos, entre ellos uno celebrado el 12 de mayo en Alicante y al que asistió Mariano Rajoy. Los vídeos de campaña, que costaron casi un millón de euros, tampoco pasaron por el fisco, según Anticorrupción.

"La única cantidad declarada por Orange Market y el Partido Popular en Valencia fue 175.000 euros –señala el escrito–. Sin embargo, fue muy superior el servicio que encargó y recibió". 

Las personas con dependencia y sus familias ya pagan más que el Gobierno por las ayudas y prestaciones que reciben. Es una de las conclusiones más llamativas del XIV Dictamen de la Dependencia, que ha presentado este mediodía la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Según el informe, que analiza los datos oficiales ofrecidos por el Imserso, el copago ya supone un 19% del coste total del sistema, frente al 18% que aporta el Estado y el 63% restante de las autonomías.

El sistema de financiación de la Ley de Dependencia estableció desde un principio que el usuario también aportaría una parte al sistema. Pero en teoría, autonomías y Gobierno aportarían lo mismo. La cuantía que aportan las familias, el copago, fue incrementado en el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en julio de 2012, a los pocos meses de empezar a gobernar. Esto supuso que se empezara a copagar con rentas de poco más de 500 euros o que contabilizara la primera vivienda.

La "perversidad" del copago

Las Plataformas de la Dependencia recalcan como "el aumento del copago para el dependiente que recibe un servicio por su situación de dependencia significa, en muchos casos, tener que renunciar a dicho servicio por los que les supone económicamente ese copago".

El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez, denuncia "la situación perversa" que produce el copago. Según asegura, "la retórica con la que los Gobiernos del Partido Popular denominan este copago significa simplemente traspasar la carga económica del cuidado de este colectivo de la administración a la familia". La Plataforma considera que no solo dejan de aportar una cantidad económica como establece la ley sino que pasa a recibir esa cantidad del propio dependiente. "Es impresentable", se muestra tajante José Luis Gómez, padre de dos niños grandes dependientes.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lanzado una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que reforme la ley. Pretenden "establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social".

La justificación estatal

Desde 2011, la financiación estatal ha disminuido en un 23%, de 1.567 millones a 1.206 millones de euros. Por su parte, las Comunidades Autónomas sí aportaron al menos lo mismo que el Estado, recalca la Asociación. La realidad es que si solo tenemos en cuenta lo que aportan Gobierno central y autonomías a la dependencia, las comunidades ponen el 80% de la financiación pública. El informe reconoce, no obstante, diferencias notables entre autonomías.

La Asociación de Directoras y Gerentes defiende la validez de sus cálculos, aunque el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad niegue las cifras. Según se explica en el Dictamen, "los responsables ministeriales se empeñan en añadir a la financiación finalista regulada en la LAPAD otra financiación supuestamente destinada a esta política. Algo que es falaz a todas luces, pero que supondría la ficción contable de que la AGE aporta el 50% de los costes del sistema". Explicado de otra manera, según la Asociación de Directores y Gerentes, el Estado computa como financiación de la Ley de Dependencia parte de los fondos adicionales que se transfieren mediante la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Más de 100.000 muertes esperando la ayuda

El Dictamen también desengrana a qué se debe el descenso en la lista de espera que se apunta el Gobierno como un tanto. Los datos muestran que el llamado limbo de la dependencia, las personas a la espera de una ayuda que les ha sido reconocida, ha pasado de 306.000 personas en diciembre de 2011 a 168.000, según el último dato. "Lo obvio es que con un funcionamiento normal del sistema, la reducción de la distancia entre ambas líneas debería ser consecuencia de un mayor número de personas atendidas. Lejos de ello, sucede lo contrario. Es la disminución de personas con derecho a atención la que facilita la reducción de las listas de espera", explica el dictamen.

Esta reducción se debe, en gran medida, a que las personas mueren antes de recibir la ayuda. La Asociación de Directoras y Gerentes, que lleva años haciendo hincapié en este hecho, calcula que desde diciembre de 2011 hasta la fecha habrían muerto 101.070 personas. Se trata de la cifra resultante del total acumulado de personas en lista de espera de cada uno de estos dos años (575.973) a las que se les han restado las 274.769 que ya han sido atendidas, las 170.296 que siguen esperando y los 29.838 dependientes moderados a los que se les retiró el derecho.

El Dictamen analiza y compara en el tiempo y entre autonomías los datos que mensualmente hace públicos el Imserso. Así, desgrana cómo ha bajado el número de personas atendidas, cómo está bajando el número de ayudas económicas o establece un ranking entre comunidades autónomas.

La Asociación de Directoras y Gerentes destaca que se ha realizado el balance de 2014 con los últimos datos que ha hecho públicos el Imserso, del 30 de noviembre de 2014. "No obstante, lo importante son las tendencias y no creemos que en solo un mes existan grandes variaciones", explica la asociación, que solo explica el retraso en la publicación de los datos de diciembre por "una práctica de cocina de los datos", con lo cual tampoco les resultarían estadísticas verídicas.

El PP valenciano ha querido apartarse de su propio pasado y se ha desmarcado sobre la antigua cúpula de Francisco Camps para la que este viernes la Fiscalía Anticorrupción ha pedido casi 8 años de prisión por financiación irregular del partido.

La portavoz de la Generalitat, María José Catalá, preguntada por esta situación, ha afirmado que "respetamos la presunción de inocencia", pero a continuación recordaba que ninguno de los acusados forma parte de la actual directiva 'popular', y que tampoco son ya diputados en las Corts.

Catalá también considera "inapropiado" la exigencia de la oposición de pedir perdón por esta presunta financiación irregular, y ha pedido que se respeten los tiempos de la justicia. Así la consellera asegura que su partido mantiene "respeto y colaboración máxima" a la justicia, a la vez que aseguraba que las cuentas del PPCV están acreditadas por el Tribunal de Cuentas y que se han sometido a auditorías internas y externas; por ello afirma que en el juicio oral se podrá acreditar la limpieza de su financiación.

Tomás Gómez ha presentado definitivamente su acta como diputado en la Asamblea de Madrid, pero ha aprovechado para mandar un mensaje a Pedro Sánchez: no renunciará a sus cargos en la dirección del PSOE y seguirá presidiendo la Comisión de Garantías Electorales. En Ferraz, sin embargo, le dan por amortizado y aseguran que le ven como “si no estuviera en la ejecutiva”.

El exsecretario de los socialistas madrileños ha aprovechado su comparecencia ante los medios para mandar varios mensajes a Sánchez: “Renuncio a cualquier aspiración en Madrid”, ha expresado antes de asegurar que mantendrá su puesto como vocal en la Comisión Ejecutiva Federal y la presidencia de la Comisión de Garantías Electorales. “Es el organismo encargado de velar por la limpieza de las primarias de julio”, ha afirmado.

Gómez ha asegurado que mantendrá esos cargos porque le dio la “responsabilidad” el último Congreso del PSOE, celebrado en julio. “Es el máximo órgano de mi partido”, ha dicho después de que Ferraz haya asegurado que ve fuera de la dirección a Gómez tras acabar con su carrera en Madrid. Las declaraciones del exdirigente madrileño chocan con las impresiones de la dirección, que consideraba que Gómez abandonaría la ejecutiva motu proprio.

Tras recordar que el órgano que preside será el encargado de velar "por la limpieza" en las primarias para elegir el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Gómez se ha deshecho en elogios para Susana Díaz, que en los últimos meses se ha percibido como la principal rival de Sánchez en esa batalla. Así, ha felicitado a la presidenta andaluza por la encuesta que sitúa a los socialistas en un 35% de estimación de voto. 

Pide primarias

El ex secretario general del PSM, que optó por cerrar a los militantes las primarias para designar al candidato a la Puerta del Sol –una maniobra por la que ha recibido duras críticas tanto dentro como fuera de la federación–, ha pedido que se celebre una votación para elegir a su sucesor al frente del cartel electoral. 

"Quiero a este partido por encima de todo y quiero la democracia en este partido", ha señalado. "Si el problema soy yo, me voy. Ahora espero que, para que vuelva la democracia, el problema no sean los militantes", ha dicho antes de precisar que son los afiliados los que eligen "democráticamente" quién es el candidato.

"No hay ninguna razón para que la dirección no abra un proceso para que los militantes elijan quién es el cabeza de cartel", ha zanjado.

Carmona, "hermano político"

Gómez ha manifestado una clara preferencia porque sea Pedro Zerolo quien opte a la presidencia de la Comunidad de Madrid y ha apostado por que la "mayoría" de los militantes están de acuerdo.

También se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Antonio Miguel Carmona opte a la secretaría general del PSM. "La inmensa mayoría de esta federación estaría a favor de que Carmona fuera el secretario general", ha añadido antes de decir que el candidato a la alcaldía de la capital es su "hermano político". 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha fijado una fianza civil de 800 millones de euros a Bankia y su matriz, BFA, así como al expresidente de la entidad Rodrigo Rato y otros tres directivos en el momento de su salida a bolsa: José Manuel Fernández Norniella, José Manuel Oliva y Francisco Verdú. Los cinco imputados deberán abonar la fianza de forma solidaria y en el plazo de un mes.

Las fianzas en concepto de responsabilidad civil son fijadas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan establecerse en una posible condena. La pieza central del caso Bankia ha entrado en su fase final una vez que los peritos del Banco de España concluyeron sus informes y los ratificaron en sede judicial. En ellos aseguran que Rato y el resto de la cúpula de Caja Madrid maquillaron la situación de la entidad con el fin de asegurar su salida a bolsa.

Andreu adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso al establecimiento de fianza alguna en este momento procesal. En las sesiones destinadas a que las acusaciones hicieran sus peticiones de fianza, el fiscal Alejandro Luzón defendió que la prueba pericial que representa el informe de los peritos fuera cotejada con otras de parte, como otro informe que ha realizado en sentido contrario el Banco de España, porque el trabajo de los primeros presentaba “incertidumbres”.

El juez impone los 800 millones para asegurar, dice, las "legítimas expectativas" de los minoristas que perdieron su dinero. Es por tanto, afirma el juez, una cantidad “proporcionada, adecuada y justificada”. El cálculo se realiza con una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios (1.800 millones), es decir, 600 millones, más un tercio. El juez recuerda que la ley permite ampliar o reducir esta cantidad, según avance el proceso.

Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú son requeridos por el juez al abono de la fianza de forma solidaria porque fueron responsables del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de Bankia, al que pertenecían, el 15 de junio de 2011. En esa reunión se aprobaron los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, “cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios”.

Afirmaciones del fiscal Luzón durante la vista, como que la contabilidad en las entidades financieras es un concepto “elástico”, causaron perplejidad y preocupación entre las acusaciones, que presenciaron cómo varias defensas de los imputados comenzaban sus intervenciones “adhiriéndose” a las tesis del Ministerio Público.

Una de esas acusaciones, el 15MpaRato, pidió que no se destinara la fianza civil a Bankia. Según su argumento, el concepto de abono en régimen de solidaridad hace que la fianza termine siendo abonada por una entidad que fue rescatada con dinero público y no por los políticos y banqueros que la condujeron a la quiebra, al no poder alcanzar con su patrimonio una cifra tan elevada.

El juez considera que, una vez conocido el informe pericial, hay indicios suficientes de que en Bankia se cometió un delito tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal relativo a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores que falsean la información económica y financiera contenida en los folletos de emisión u otros instrumentos financieros con el propósito de captar inversores.

En este sentido, y frente a las dudas del fiscal sobre el trabajo pericial, Andreu dice que sus conclusiones afirman “con total rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad”. Andreu destaca que ni siquiera el informe de parte encargado con Bankia se atreve a contradecir esa afirmación. Además del Banco de España, la entidad ha aportado a la causa otro informe que también intenta echar por tierra el trabajo de los peritos.

Andreu lo tiene claro: las cuentas de BFA y Bankia son falsas desde el principio porque contienen “un relato incompatible con la verdad”. Y añade que el folleto falseado estaba dirigido a inversores minoristas, ya que los del tramo institucional “tienen otro recorrido” y conocimientos más amplios.

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Zerolo, ha afirmado este viernes que está a disposición del partido pero que no se plantea liderar una candidatura para ser el cabeza de lista socialista en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid.

"Gracias por el apoyo de tantos compañeros pero en este momento estoy a disposición del PSOE y no me he planteado liderar una candidatura", ha dicho Zerolo a través de su cuenta personal en Twitter.

El exsecretario general del PSM, Tomás Gómez, había señalado este viernes que la "inmensa mayoría" de la federación quiere a Antonio Miguel Carmona como secretario general y a Pedro Zerolo como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

Gómez decía en rueda de prensa este viernes que conocía "perfectamente" a la militancia del PSM y considera que la "inmensa mayoría" de la Federación estaría a favor de que Zerolo fuera el candidato a la Comunidad.

Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), han anunciado que interpondrán en "tiempo y forma" el correspondiente recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de imponer el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil solidaria de 800 millones de euros a ambas entidades, al ex presidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del consejo de administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.

En sendos comunicados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia y BFA alegan que el auto sobre la fianza no es firme y anuncian que presentarán recursos una vez concluya su análisis y valoren "lo que a su derecho y mejor defensa convenga a la entidad y a sus accionistas".

Así pues, se entiende que las entidades perseguirán una defensa de los contribuyentes habida cuenta de que son la mayoría del accionariado de Bankia y la totalidad del de BFA. De los aproximadamente 42.000 millones de euros de ayudas a la banca procedentes de la Unión Europea, 17.959 millones se inyectaron en BFA-Bankia, que además recibió 4.465 millones del Estado.

En un auto hecho público este viernes, el magistrado da un plazo de un mes a la entidad, a BFA --por su condición de accionista único-- y a los antiguos consejeros para que depositen este dinero, que tiene como objetivo asegurar las eventuales responsabilidades que se deriven de la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa, y advierte de que, de no hacerlo, decretará el embargo de sus bienes hasta cubrir 800 millones.

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó el viernes la decisión que más temía el Gobierno argentino: imputar a la presidenta Cristina Fernández y a otros altos cargos por la acusación de encubrimiento del atentado de la AMIA de 1994 en relación a los agentes iraníes supuestamente implicados en la matanza. Junto a Fernández aparecen imputados el ministro de Exteriores, Héctor Marcos Timerman, el diputado Andrés Larroque, el exfiscal Héctor Luis Yrimia y otras cuatro personas.

La acusación está incluida en la causa 777/15 abierta tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto cuatro días después en su domicilio con un tiro en la cabeza y en extrañas circunstancias. La primera versión oficial apuntaba al suicidio, pero la propia presidenta cree que fue asesinado. El Gobierno sostiene la teoría de que fue eliminado para perjudicar al Gobierno, mientras que la oposición y varios medios de comunicación denuncian que fue asesinado para cerrar una investigación que implicaba a Cristina Fernández.

El fiscal Pollicita afirma que la operación de encubrimiento fue "orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros".

El Gobierno se temía lo peor porque horas antes había advertido de que la imputación de la presidenta sería "una clara maniobra de desestabilización democrática", aunque sin efectos legales. "No tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia", afirmó el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.

"Golpismo judicial"

El viernes, el Gobierno argentino presentó ante el juez encargado del caso pruebas y antecedentes "jurídicamente relevantes" para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Nisman. Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otras cosas.

Desde el Gobierno sostienen que "no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario", que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del argentino, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, criticó que el fiscal Pollicita tuviera la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de "golpismo judicial activo" para desestabilizar al Gobierno.

Esta es la imputación a la Presidenta Cristina Kirchner

Militantes del PSM integrados en las corrientes de Izquierda Socialista y Gana Madrid han iniciado este viernes un proceso de recogida de firmas para pedir primarias abiertas. Su objetivo es que todos los militantes participen en el proceso para escoger al candidato a la presidenciad de la Comunidad de Madrid que sustituirá a Tomás Gómez tras su destitución.

Asimismo, solicitan la revisión de los procesos de primarias en "aquellos casos donde un sistema excluyente impuesto por la anterior Comisión Ejecutiva Regional no haya permitido realizarlas".

Al frente de Gana Madrid está el militante socialista Enrique del Olmo, que disputó a Antonio Miguel Carmona las primarias para la alcaldía de Madrid, mientras que Izquierda Socialista la encabeza César Giner, que intentó competir con Tomás Gómez en la candidatura para la Comunidad, sin conseguir reunir los avales necesarios.

Según ha señalado Gana Madrid en una nota de prensa, la recogida de firmas surgió a propuesta de una asamblea de militantes socialistas reunida en Alcalá de Henares el pasado 11 de febrero, tras conocerse la destitución del exsecretario general del PSM Tomás Gómez.

Con esta iniciativa también apoyan la destitución de la Ejecutiva Regional y de Tomás Gómez, una decisión que para Izquierda Socialista y Gana Madrid "viene determinada por las exigencias de la situación política". "Era algo que muchos de nosotros habíamos demandado hace tiempo, viendo el curso político que tomaban los acontecimientos que conducían al socialismo madrileño a la marginalidad", señalan en el escrito de recogida de firmas.

En el mismo documento se comprometen a "apoyar a la Comisión Gestora en las medidas que lleven a reconducir al PSM como organización plenamente democrática e implicada en el cambio político y social que la sociedad madrileña exige". Sin embargo, instan a este órgano a "abrir un proceso de diálogo con la militancia socialista de Madrid con el fin de generar el máximo consenso sobre los procedimientos de elección del candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

¿Tienen justificación las reformas legales que, en materia de seguridad ciudadana, han aprobado los distintos gobiernos en las últimas dos décadas? ¿Obedecen estas leyes a las tasas de criminalidad o a una preocupación social?

La investigadora de la Universidad Pública de Navarra y doctora en sociología Lohitzune Zuloaga ha analizado la evolución de la legislación española en materia de seguridad, el contexto en el que cada una de las normas ha ido surgiendo y su incidencia real en el problema que aparentemente pretenden abordar. Su veredicto es claro:

"La conclusión que extraigo es que se legisla para beneficio de los partidos, no de la ciudadanía. No sé hasta qué punto PP y PSOE evaluarán positivamente la rentabilidad que les ha dado esa competición de los últimos años por mostrarse cada vez más punitivos, pero no se puede creer, y hacer creer, que el endurecimiento de las penas es la forma más apropiada de enfrentar fenómenos sociales tan complejos como la criminalidad, y hacerlo además recurriendo a la manipulación del miedo como forma de obtener rentabilidad política".

Su investigación acaba de publicarse en forma de ensayo –El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política (Editorial Catarata)– y demuestra con datos cómo las iniciativas legislativas en materia de seguridad responden, principalmente, a cálculos partidistas.

Una motivación que, a su juicio, también se produce en reformas legales ahora en tramitación, como el nuevo Código Penal: "endurecer el Código Penal no va a incidir en las tasas de criminalidad. Eso lo saben Mariano Rajoy, Rafael Catalá, la judicatura y toda la disciplina criminológica", advierte.

"En lo que sí va a incidir es en aumentar aún más una de las tasas europeas más altas de población encarcelada. Y como se legisla siempre sobre los mismos perfiles, las cárceles está llenas del mismo tipo de delincuente: personas que han cometido delitos asociados a la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran las migrantes, a las que se persigue además por su condición de migrantes. Hay que cambiar de modelo de política criminal de forma que se incida en los derechos humanos, en la prevención del delito, en una apuesta real por la reinserción del delincuente o en un mayor compromiso por la reparación a la víctima".

¿Cómo hemos llegado a tener uno de los códigos penales más duros de Europa, ahora a punto de contemplar la cadena perpetua? Lohitzune Zuloaga considera que "no es algo que ha surgido de la noche a la mañana, sino que supone un paso más en el endurecimiento que se ha producido en los últimos años del Código penal". Y añade que "si echamos la vista atrás, no sorprende en exceso":

"Desde el año 2000 prácticamente no ha habido legislatura en la que no se haya profundizado en la pena de prisión, teniendo además especial interés en focalizar la atención sobre el terrorismo, la delincuencia sexual y la pequeña delincuencia. Una vez más, la nueva reforma incide en esta dirección".

"Por poner el ejemplo de la cadena perpetua, ya se debatió sobre ello cuando en 2010 Esperanza Aguirre se mostró favorable a lo que entonces se denominó 'cadena perpetua revisable'; cuando Mariano Rajoy apoyó esta iniciativa propuesta por la familia de Marta del Castillo; o cuando en la campaña electoral de 2011 Federico Trillo propuso introducirla en el Código Penal. Entonces no prosperó, pero cuatro años después está prácticamente aprobada bajo el nombre de 'prisión permanente revisable".

"De todas formas, y tal y como vienen diciendo desde el ámbito penalista, los 40 años de condena que permite la LO 7/2003 es más dura incluso que la cadena perpetua. Se trata en cualquier caso de una reforma innecesaria e inhumana", concluye.

El mito de la opinión pública

El estudio plantea que si las leyes de seguridad no pueden justificarse desde el punto de vista de las estadísticas de criminalidad –aunque recomienda interpretarlas críticamente, todas las fuentes y metodologías apuntan a que España tiene uno de los niveles delictivos más bajos de la UE–, ni desde los fines que aparentemente persiguen –la reforma penal de 2003 no ha tenido ninguna incidencia en las tasas de delincuencia, según recoge el libro–, mucho menos cabe atribuirlas a la presión social.

"Se tiende a pensar que la sociedad es particularmente punitiva y, de hecho, las reformas penales suelen sustentarse en esa supuesta demanda de seguridad por parte de la ciudadanía. Pero lo cierto es que prácticamente no hay encuestas de opinión que sustenten esa idea, y las pocas que hay apuntan por ejemplo a que las personas estamos dispuestas a apoyar penas alternativas a la prisión en vez de sancionar con penas privativas de libertad".

Sobre la dificultad de tener una fotografía fiable de la delincuencia a partir de las tasas de criminalidad, la abogada penalista y profesora Lorena Ruiz-Huerta comenta: "Yo soy más partidaria, en principio, de las encuestas de victimización como mecanismo para medir el número de delitos cometidos en una sociedad. Preguntar a la ciudadanía directamente cuántos delitos ha sufrido en un determinado periodo de tiempo, refleja con mayor fidelidad el índice de delincuencia, y evita los problemas que plantean las estadísticas judiciales y policiales, que dependen del devenir procesal de la denuncia, que en ocasiones poco tiene que ver con la existencia misma del delito".

Y añade: "La información que reflejan estas encuestas (cuyo problema es que en España no se llevan a cabo con la frecuencia que sería deseable), es que la tasa de delincuencia desciende de forma permanente desde hace más de 20 años, a pesar del incremento de la población total, y a pesar de que hoy tenemos muchas más conductas tipificadas como delito. También las estadísticas que publica la página web del Ministerio del Interior, reflejan esta tendencia. Tenemos una sociedad tranquila y segura, y debemos congratularnos por ello".

El estudio se detiene a analizar el papel de los medios en la construcción de la agenda informativa en materia de seguridad y demuestra que, en contra de lo que podría pensarse, son los partidos quienes llevan la iniciativa: "Hay que matizar esa idea preconcebida de que se legisla a golpe de titular".

"Generalmente se tiende a otorgar a los medios de comunicación una relevancia casi absoluta a la hora de incidir en la agenda política, y en el caso concreto de las reformas penales he llegado a la conclusión de que en la mayoría de ocasiones, aunque hay excepciones, fueron los partidos políticos (tanto PP como PSOE) los que tomaron la iniciativa de endurecer el Código Penal, y lo hicieron en momentos en los que los medios no mostraban especial interés por este tema", explica la investigadora.

Eso ocurrió, por ejemplo, en el periodo 2002-2004, cuando la seguridad ciudadana pasó de protagonizar una media de 80 titulares al año a ser el centro de 332 titulares de media.

"Dicho de otra manera", continúa, "no debemos subestimar la capacidad de iniciativa de los partidos políticos para liderar determinadas iniciativas que consideran que les son favorables (de ahí que legislen "para generar titulares" y no "a golpe de titular"), y también para esquivar temas calientes en los medios y sobre los que no les interesa legislar. Este último caso lo vemos por ejemplo con la corrupción, la cobertura mediática sobre delitos de cuello blanco ha sido extraordinaria en la última década, pero el endurecimiento de las penas ha recaído siempre sobre la pequeña delincuencia".

De la misma opinión es Lorena Ruiz-Huerta: "A pesar de que tenemos uno de los índices de delincuencia más bajos de toda Europa, con 46,1 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a la media de la Unión Europea de 63,8, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2014, nuestro Código Penal vigente es uno de los más duros de Europa. No en vano, somos el país con el número más alto de personas privadas de libertad, solo por detrás de Reino Unido", comenta.

"A pesar de ello, el Gobierno pretende aprobar la reforma del Código Penal que introduce la cadena perpetua (a pesar de que ya tenemos una pena máxima de 40 años de prisión que se cumple de forma íntegra), y otras muchas medidas para criminalizar la protesta social, para castigar la pobreza (el hurto y la venta en el top manta pasan de ser falta a delito), la solidaridad con la personas extranjeras, etc."

"En cambio, a pesar de la alarma social generada por los casos de corrupción, no se ha aprovechado la ocasión para introducir nuevos tipos penales, que castiguen actuaciones fraudulentas como la venta de participaciones preferentes por entidades financieras. Tampoco se endurecen las penas por delitos de corrupción, ni se aumentan los plazos de prescripción de los mismos, ni se introducen nuevas medidas para perseguir el fraude fiscal".

"Esta reforma, que en cambio endurece drásticamente las penas para los delitos "comunes", no está precedida de estudio de criminalidad alguno que avale su necesidad, y se ha excluido a todos los expertos y expertas en derecho penal y criminología de su proceso de elaboración. La única explicación posible a este desastre, que nos devuelve al derecho penal Preilustrado, es que el Gobierno no busca, en realidad, atajar o solucionar la conflictividad social, sino favorecer sus propios intereses mediante la utilización abusiva del poder punitivo del Estado", apunta.

El libro ofrece algunos gráficos ilustrativos para explicar esta tesis. Se muestra la evolución de la cobertura informativa de los temas sobre seguridad y delincuencia, y se compara a cómo varía la percepción social hacia estos asuntos.

Como podría preverse, la mayor preocupación coincide con "picos" de atención mediática. Pero lo interesante es comprobar que estos momentos de mayor interés no responden a acontecimientos especiales sino a iniciativas políticas por parte de los partidos.

Lohitzune Zuloaga revela cuál es el recorrido que suelen seguir estas campañas y cómo gestionan los temas y los tiempos los políticos: "Cuando la iniciativa de endurecer el Código Penal nace de los partidos, éstos suelen aprovechar lo que llamaríamos una 'ventana de oportunidad', un momento que les resulta especialmente favorable. Ese es el punto de partida, pero pueden tardar meses en impulsarlo definitivamente en el Congreso, y durante ese tiempo suelen dosificar la información; es decir, los titulares que van a generar sobre el tema", explica.

"No es un patrón que se repite siempre, pero se vio en la profundas reformas de 2003, cuando el Gobierno de Aznar supo oportunamente aprovechar la crisis del Prestige y la fuerte oposición social a la guerra de Irak. En el caso actual considero que la ventana de oportunidad se abrió con la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón y la delicada cartera de Justicia que recogió el ministro Rafael Catalá como consecuencia del fiasco de la ley del aborto. Durante estos meses Catalá nos ha ido vendiendo endurecimientos y nuevas penas para "un poco de todo", y el impulso definitivo ha venido con el tema que tradicionalmente más rentabilidad ha otorgado al Partido Popular: el terrorismo".

¿Qué buscan los políticos situando la seguridad en el centro de su agenda? ¿Les resulta rentable? Lohitzune Zuloaga considera que el objetivo suele dirigirse hacia dos direcciones: esquivar temas o problemas que no les interesan en ese momento y que suelen estar amplificados en los medios de comunicación (por ejemplo, en el año 2006 habría servido para disminuir la atención sobre el inicio de las conversaciones con ETA); y recurrir a un tema que tradicionalmente les ha beneficiado porque oxigena la imagen del partido.

"Mostrarse duro contra la delincuencia no suele generar oposición social, y muestra además intenciones aparentes de querer acabar con el problema. Afortunadamente con esta última reforma estamos viendo un debate más activo en medios de comunicación y otros espacios, pero queda mucho por hacer todavía", señala.

La seguridad en la agenda pública

El estudio cuestiona la capacidad de los medios para marcar la agenda política: "No digo que no tengan capacidad para marcar agenda, todo lo contrario, lo que digo es que hay que equilibrar la capacidad que pensamos que tienen los medios de comunicación y los partidos políticos a la hora de influenciarse en sus respectivas agendas".

Sin embargo, aunque en general la prensa vaya a remolque de los políticos, esto no quiere decir que sus coberturas de los temas de seguridad carezcan de efectos. Más bien al contrario, contribuyen a consolidar en la opinión pública las percepciones que los políticos dan por sentadas y en las que apoyan sus iniciativas legislativas y, por tanto, a justificarlas.

"Los medios de comunicación juegan un papel fundamental generando un contexto favorable para las reformas. En primer lugar reproducen los mensajes políticos de los diferentes partidos, y si éstos están interesados en convertir la seguridad ciudadana en un problema saben que cuentan con la difusión de los medios de comunicación", explica Zuloaga.

"Al mismo tiempo y de forma indefinida, las noticias de sucesos configuran la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía. Se trata de un género informativo estable y que ofrece una imagen más grave de la delincuencia de la que ocurre en la realidad, muestran desde una perspectiva particular la realidad delictiva a través de casos concretos y de testimonios de sus protagonistas, y visualizan las situaciones y el tipo de personas que debemos temer", añade.

Además, "periódicamente también seleccionan algunos casos que convierten en emblemáticos y que tienden a producir alarma social, llegando en ocasiones a impactar en las reformas penales y en la política criminal", concluye.

El libro también analiza cómo es de sensible o permeable la sociedad a estas "campañas del miedo" de políticos y medios y qué factor o factores influyen en la evolución de la preocupación social por la inseguridad.

"Lo que se observa es que la sociedad es receptiva a los problemas que plantean los medios de comunicación. Cuando aumentan las noticias sobre seguridad ciudadana como problema, aumenta también la preocupación social por este tema y viceversa. Pero como insisto, esta tendencia la ha marcado principalmente la priorización que los partidos políticos han hecho sobre este problema, y no tanto el interés que los medios de comunicación han tenido por establecer esta cuestión en su agenda".

"Es interesante también que según las encuestas disponibles es mayor la preocupación social que la preocupación personal por la seguridad, lo nos lleva a pensar que los medios nos influyen a la hora de identificar cuáles son los problemas sociales del momento en mayor medida de lo que nos influyen en nuestras prioridades personales" .

La eficacia de las normas

Tras leer el estudio de Zuloaga cabe preguntarse si las reformas legales en materia de seguridad tienen alguna eficacia. En opinión de Lorena Ruíz-Huerta, "la finalidad de prevención general de la norma funciona, pero no para los delitos contra el patrimonio que comete la gente que proviene de la exclusión social (hurtos, robos, etc.). Estos delitos constituyen el porcentaje más alto del número total de delitos que se cometen en nuestro país, y ahora van a recibir un fuerte endurecimiento de las sanciones".

"Desde mi punto de vista", añade, "este tipo de delitos sólo es combatible con políticas sociales, pues efectivamente, varios estudios de investigación reflejan que el nivel de reincidencia de este grupo de población, marginada y pobre, sigue siendo alto a pesar del endurecimiento de las penas".

"El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política", 198 páginas, está editado por Los Libros de la Catarata.

Cada noche, antes de acostarse, apunta en un papel de su mesilla de noche las reflexiones, los pensamientos o las frases brillantes que le pasan por la cabeza. Lo hace porque no confía en los que creen que las buenas ideas siempre vuelven. Una noche de 2013 apuntó: "Los días aburridos no son días tranquilos". Lo publicó en Por si acaso (Espasa), un libro a mitad de camino de los aforismos y los tuits en los que el pensamiento de Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) aparece como un libro de instrucciones para entenderle. Quizá lo escribió por si acaso algún día se volvían a acabar los días aburridos.

Un año después de escribir esas palabras, el nombre de este metafísico que se licenció con 31 años reaparece ante la posibilidad de una segunda aventura política, esta vez en forma de candidatura del PSOE, del que no es militante, a las elecciones autonómicas en Madrid.

No fueron pocas las experiencias anteriores: futbolista, fraile, filósofo, profesor, rector, ministro y ahora (posible) candidato a presidente de Madrid. En el pasado, no ha tenido inconveniente en decir "no" a ofertas políticas: rechazó ser número dos por Valencia en las pasadas elecciones generales y dicen que rechazó la Secretaría de Estado de Universidades meses antes de ser nombrado ministro de Educación.

Resulta llamativo que en una España actual donde en la política abundan los que gritan en los platós televisivos, un hombre de 66 años de carácter discreto y mesurado sea considerado atractivo electoralmente. "Desconfío de todos los fundamentalismos, tanto los que son en contra como los que son a favor", es una de sus frases más repetidas. Y actúa en consecuencia. Es un entrevistado capaz de decir al periodista: "Quizá tengas razón".

Como ministro, dedicó todos sus esfuerzos como ministro a pactar con el PP un futuro educativo. Incluso renunció para el acuerdo a principios básicos de la izquierda, como la laicidad en la escuela. Pudo convencer a un hueso duro –María Dolores de Cospedal llegó a sellar su apoyo en privado–, pero los que estaban pensando en José Ignacio Wert como el hombre idóneo para la educación de los españoles impidieron el acuerdo.

Gabilondo no muestra rencor: "No hay espinas clavadas. Uno siempre prefiere ir más lejos y no pierde la esperanza de lograrlo pero en estos sitios hay que saber que uno está de paso, no para pasar a la historia. Recibir un legado y dejarlo en mejores condiciones, sin generar decepciones ni resentimientos".

"No ando por ahí queriendo ser cosas"

Asegura que nunca ha hecho nada para que le llamen para un cargo. "Cuando me hicieron rector no es que yo desde niño quisiera ser rector, fue porque los otros lo pensaron, o cuando me llamaron para ser ministro. La llamada te viene de los demás. Esos que sienten llamadas desde dentro me producen mucha inquietud. Puedo decir que cuando me llaman escucho lo que me dicen, pero no llamo yo. No ando por ahí queriendo ser cosas", ha explicado.

Sus críticos no están tan de acuerdo y aseguran que sí guarda en su interior la llamada del poder. Ocupó el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid en 2002, y desde entonces, sólo cuando dejó el Ministerio para volver a dar clases, no ha dejado de estar en un despacho de jefe.

Los colaboradores de Tomás Gómez se reían en la rueda de prensa cuando el destituido candidato era preguntado por la supuesta maleabilidad de Gabilondo con los líderes. "Lo que sí sé es que yo soy insobornable", respondió Gómez. Aplauso atronador de la tarima.

"Ser independiente no significa ser indiferente. Todo el mundo sabe que no soy indiferente, que no atendería igual unas llamadas que otras. Si no estás en un partido político, no estás en las opciones de intervenir en los espacios políticos porque está todo muy intervenido y mediatizado por los partidos. Hay mil opciones de cosas que hacer, pero si no eres de los partidos es muy difícil", opinaba Gabilondo hace un año ante las primarias socialistas que le situaban como candidato a la alcaldía.

“Tengo mis banderas pero no voy todo el rato agitándolas”, responde el exministro cuando se le pregunta por sus principios. Su estilo lo aprendió de Alberto Ormaetxea, el entrenador campeón con la Real Sociedad en los 80 del que hizo suyo todo un estilo de liderazgo: “Hacía en una temporada menos gestos que un entrenador de ahora en cinco minutos”, explicaba en la Revista Líbero con cierto tono de crítica a Mourinho.

"Pero si él se salió de cura"

En esa entrevista junto a su hermano Iñaki aparece otro concepto básico: "Sentir los colores de la camiseta me parece importante en todos los ámbitos de la vida. A veces sueño que juego al fútbol. Esa idea de ganar juntos, me parece enormemente atractiva. Creo que toda la vida he estado marcado por esta idea de jugar en equipo, sentir los colores, querer ganar y saber perder. Esta didáctica pedagógica sirve para reivindicar el deporte en edad escolar. Nosotros no necesitábamos eso porque éramos una familia de nueve. Éramos 16 con entrenador, masajista...".

Por esos partidos de pasillo familiar aparecía su primo, el médico forense, Francisco Etxeberria Gabilondo, que ocupa estos días buscando los restos de Cervantes. Se admiran mutuamente. "Hace cosas muy raras, que yo nunca haría", dice sobre la afición de su primo por la espeleología. "¿Raro yo? Pero si él se salió de cura", responde el primo médico. Seguro que Gabilondo siente curiosidad por la vida del maestro de las palabras de Alcalá de Henares. Su primer mensaje a la oposición como ministro fue el siguiente: "Que no nos roben las palabras". Se refería al afán del PP por utilizar la palabra libertad y confundir la libertad individual con el individualismo.

Tolerante, conciliador y antiMourinho. ¿Hay algún político o política con intención de presentarse a las elecciones en Madrid que pueda ser su antítesis?

La iniciativa política que lidera la ex diputada regional de IU de Madrid Tania Sánchez ha echado a andar. Unas 200 personas han participado este viernes en una asamblea que ha elegido un equipo promotor en el que estarán, además de Sánchez, la también ex diputada María Espinosa, el exconcejal Jorge García Castaño y los exdirigentes Sara Porras y Hugo Martínez Abarca.

“Queremos organizar a toda la ciudadanía que pide un espacio de unidad popular que represente una alternativa al PP”, ha asegurado Sánchez, quien no ha desvelado si encabezará una lista electoral a la Comunidad de Madrid. La decisión, ha asegurado, será “de la gente”.

María Espinosa, por su parte, ha explicado que el equipo promotor se dividirá en tres grupos: uno de diálogo, que liderará las conversaciones con otros movimientos, grupos, partidos y activistas; otro de organización, centrado en la construcción interna del espacio; y otro de comunicación.

Sánchez y Jorge García Castaño formarán parte del grupo de diálogo, que tendrá entre sus competencias buscar la manera de integrar a Podemos en la iniciativa. El partido que lidera Pablo Iglesias cierra este viernes el proceso para elegir a sus líderes regionales. También en Madrid, donde Luis Alegre y Miguel Urban son favoritos. Ambos han recordado durante los últimos días que Podemos acordó presentarse a las autonómicas con su propia marca, aunque también han defendido la valía política de Sánchez.

La asamblea ha formado además varios grupos de trabajo territoriales cuyo cometido será asentar la iniciativa en los distintos municipios de la región.

Tania Sánchez arranca así una carrera contrarreloj para liderar una candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, después de haber abandonado Izquierda Unida. Sánchez dejó la coalición pese a haber sido designada candidata por las trabas que, en su opinión y en la de los militantes que la siguieron, puso la dirección regional a poner en marcha una candidatura de unidad popular en la región.

En 2011 las plazas se llenaron de gente dispuesta a cuestionar el sistema. Los bancos, los partidos políticos, la justicia, el sistema electoral. ¿Y las relaciones afectivas? "El amor es sin duda uno de los espacios que nos falta por ocupar. Hablar sobre los afectos, sobre el enamoramiento, te pone en un espacio de vulnerabilidad. Pero hay también que poder asumir eso". Lo dice Brigitte Vasallo, autora de Pornoburka y creadora del taller '#OccupyLove'. No es la única voz que está poniendo sobre la mesa la necesidad de desmontar y repensar la forma en la que construimos las relaciones afectivas y sexuales. Y también de cuestionar la monogamia.

"Hay unos mitos irrazonables. Parece que cuando estás con alguien y esa persona te gusta y te atrae das por hecho que va a ser tu compañero sexual para todo lo que quieras hacer, tu compañero vital para todo lo que venga, que será perfecto para tener hijos, que será el mejor compañero para compartir las labores diarias y del hogar. Y lo que a alguien le gusta y quiere a los 30 no suele ser lo mismo que tiempo después. ¿Me vas a decir que los gustos de esas personas no evolucionarán y que además lo harán al mismo tiempo en todo?", se pregunta Miguel Vagalume, miembro del grupo Golfxs con principios.

Para Vagalume, la crítica a la monogamia es una crítica necesaria al sistema. "No soy de la escuela de que haya que abolir la monogamia, pero sí replantearnos la construcción de nuestras relaciones, analizarla, cuestionarla y que cada uno elija lo que le da la gana", dice. Vasallo va más allá y afirma que la monogamia es "un sistema en sí misma" y propone "repensar cómo nos estamos amando, a qué llamamos amor y de qué forma se construye". "No se trata de demonizar las prácticas monógamas, sino de desmontar los mecanismos que hay detrás. Puedes tener varias parejas, pero si no analizas y cambias el fondo de la cuestión seguirás reproduciendo las mismas conductas", explica.

Esas conductas de fondo tienen mucho que ver con un modelo de amor romántico cada vez más señalado. La terapeuta sexual Mónica Quesada subraya que el modelo dominante de amor da por hecho que una relación será auténtica y buena si una persona echa de menos a la otra constamente cuando se separan, si se siente posesión o celos y si no hay deseo por otras personas, y muchos menos consumación. "Esta es la medida de las cosas, la gente da valor a sus sentimientos en la medida en la que sienten esto", subraya.

Aunque la expresión 'príncipe azul' ya no aparezca explícitamente, el modelo de fondo perdura, aunque sea en forma de monogamia consecutiva. "Cuando acaba una relación dices bueno, es que había algo defectuoso. Entonces pruebas y empiezas con otra persona y también sale defectuoso. Seguimos esperando que alguien cumpla siempre con el 100% siempre", dice Vagalume.

La relación de pareja tiende a convertirse, además, en la cúspide de un árbol de relaciones. "Se prioriza sobre casi todo, hay una jerarquización de los afectos y la pareja o, si acaso, los hijos están arriba. Las demás relaciones las vas situando en otras casillas y actúas en función de ello", apunta la autora de Pornoburka (Ediciones Cautivas).

Redes afectivas

Entre las palabras que suena cada vez con más fuerza está la de poliamoro la anarquía relacional. "No es una receta mágica, pero es una alternativa", dice Miguel Vagalume, "no tenemos que solucionar todo en pareja, puedes encontrar un grupo interdependiente que vaya más allá de una familia nuclear. Querer a varias personas a la vez no es nada nuevo, se ha hecho toda la vida, la novedad es plantear la realidad con las cartas boca arriba, preocuparse de qué necesita cada uno". En Golfxs con principios ofrecen un espacio en el que mediante talleres, charlas y artículos dan herramientas "para que la gente pueda construir alrededor el mundo en el que quiere vivir". "Queríamos salirnos tanto de la visión psicológica, patológica, como de la del morbo", explica Vagalume.

Briggite Vasallo habla de redes afectivas: "Podemos plantearlo de una manera neoliberal, decir que somos libres, que podemos hacer lo que queramos y que nadie tiene derecho a exigirnos nada. Yo apuesto por entender los amores como una construcción común, por redes donde todos los afectos se cuidan entre ellos y que pueden ir más allá de relaciones de pareja y sexuales. Es una visión más horizontal, puedes querer mucho a mucha gente y que un amor no sea más importante que los otros".

En cualquier caso, la sexóloga Mónica Quesada opina que cuestionar las construcciones que sustentan el amor hace a las personas "más libres" y más autónomas para decidir: "Te da la sensación de que tú estás eligiendo tener o no pareja y que la tienes como tú quieres hacerlo, no encorsetada a lo que está establecido".

José Ramón Bujanda Sáenz, cuñado de Miguel Arias Cañete y colocado en marzo de 2012 al frente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), ha publicado por fin su sueldo, dos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, de cuyo cumplimiento la sociedad estatal no se había dado por aludida hasta ahora, tal y como informó la semana pasada eldiario.es. El presidente de esa empresa pública, dedicada a avalar préstamos para los sectores agrícola, ganadero, pesquero y forestal, cobró en 2014 109.622,86 euros brutos anuales, según consta en la web de Saeca. 

La cifra es muy superior a las cantidades que se habían barajado (algunas informaciones calculaban su retribución en unos 55.000 euros al año) y permite extraer algunas conclusiones: el cuñado del actual comisario europeo de Energía tiene un sueldo equivalente al de un secretario de Estado, superior al de cualquier ministro o al del propio presidente del Gobierno, y por encima del de los máximos responsables de otras entidades públicas de tamaño superior.

Al frente de Saeca, que tiene una plantilla de apenas 32 empleados, Bujanda supera los sueldos de, entre otros, el presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spitteri (que en 2013 cobró 104.456,72 euros brutos, incluyendo sus 13 trienios como funcionario público, con 1.346 empleados a su cargo); el director general del Boletín Oficial del Estado (BOE), Manuel Tuero (97.877,92 euros contando cuatro trienios, 446 empleados) o la presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, Faina Zurita (104.646,08 euros -en este caso, sin trienios- y 136 empleados en 2013).

Saeca depende del Ministerio de Agricultura, a cuyo frente estaba Cañete, cuñado de Bujanda (las esposas de ambos son hermanas), en el momento de su nombramiento. Saeca está controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones SEPI, que tiene el 80% de las acciones, aunque su tutela corresponde al propio Ministerio de Agricultura, que controla el restante 20% del capital a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y diplomado por la escuela de negocios IESE, Bujanda está casado con la ganadera Matilde Domecq, hermana de Micaela Domecq, la esposa de Arias Cañete. Aterrizó en Saeca tras un año desvinculado del sector cementero, en el que había desarrollado prácticamente toda su carrera, fundamentalmente en empresas como Portland e Hympsa, pertenecientes a la constructora FCC, tal y como recoge su currículum, colgado en la web de la empresa.

Constituida en 1988, Saeca aprobó en 2013 (último ejercicio disponible) avales por valor de 147,5 millones de euros en 527 operaciones y registró unas ventas de 3,8 millones, un beneficio de 0,6 millones y una tasa de morosidad del 1,2%, el máximo desde 1996.

Izquierda Unida acepta, con condiciones y sin citarlo, la figura del partido instrumental para confluir con Podemos y otras formaciones de cara a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. La coalición que dirige Cayo Lara someterá a refrendo en cada localidad si se integra en esta fórmula y en qué condiciones lo hace.

IU ha tomado la decisión en una reunión celebrada este viernes en la que han participado dirigentes federales así como los coordinadores de cada región. En un comunicado, IU reitera su apuesta explícita por la coalición electoral pero “reconoce la existencia de realidades diferentes” en determinadas localidades. Entre ellas, cita “Pontevedra, Orense, Santiago y otras de Galicia, así como en Madrid”.

“IU estima que debe participar en todos aquellos procesos de confluencia electoral que supongan una alternativa real al bipartidismo”, asegura el comunicado, que señala: “Cualquiera de estos procesos debe de ser aceptado, mediante referéndum, entre la militancia de los espacios implicados”. Es decir, la militancia de cada localidad determinará en una consulta si quiere o no ir al partido instrumental y cómo.

La resolución adoptada hoy, que deberá ser completada y ratificada el próximo 21 de febrero en un Consejo Político Federal, no concreta qué tipo de partido instrumental se acepta. Esta herramienta, que surgió de la negociación entre Ganemos Madrid y Podemos, es distinta según cada municipio. Así, en Madrid está definida como un partido al que deberían sumarse aquellas personas que, a título individual, quieran participar. En otras localidades, como Zaragoza, el partido instrumental se coaligará con otras formaciones que quieran mantener sus siglas, como es el caso de IU.

La dirección federal de IU devuelve así la pelota a las distintas federaciones, que serán las encargadas de articular, primero qué tipo de partido instrumental se acepta y, segundo, someter esa decisión a la militancia.

La postura adoptada este viernes por IU deja así sin resolver la situación en Madrid, donde el candidato elegido en primarias, Mauricio Valiente, mantiene una postura discrepante con la dirección.

La fórmula que defiende la dirección regional impediría una candidatura unitaria para un ayuntamiento que controla el PP desde hace 25 años. Podemos, en Madrid, ha rechazado taxativamente acudir en coalición con otras formaciones, aunque finalmente aceptó el partido instrumental en lugar de la agrupación de electores, su opción preferente. Por otro lado, la figura por la que apuesta Valiente conllevaría una lista común, pero implicaría que IUCM formalmente no participaría en las elecciones de mayo, con las consecuencias burocráticas para el presente y el futuro que tendría.

Valiente se encuentra ahora con el problema de la salida de un número indeterminado de militantes favorables a la convergencia, que han abandonado IUCM con la exdiputada regional, Tania Sánchez. El candidato cuenta con pocos apoyos en los órganos de dirección de IU en Madrid, quienes definirán los límites de la consulta. Además, buena parte de los afiliados que sí le respaldaron en las primarias de noviembre ya no participarán en el proceso al haber dejado el partido.

El candidato de IU al Ayuntamiento de Madrid ya anunció la celebración de un referéndum entre los militantes de la circunscripción. Esta consulta ya se ha celebrado en varias asambleas, pero queda por ver si los resultados serán admitidos por la dirección regional o se repetirá en otras circunstancias.

Valiente defenderá este sábado en el plenario de Ganemos la participación de IU en el proceso de confluencia, según ha asegurado a eldiario.es. En dicha asamblea, Ganemos y quienes lo integran deberán ratificar el acuerdo alcanzado con Podemos para poner en marcha un partido instrumental con el que concurrir a las elecciones municipales el próximo 25 de mayo.

Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Socialista, en su primer acto público tras la crisis del PSM y la destitución de Tomás Gómez, no ha hecho referencia alguna al asunto aunque sí que ha insistido en que “a día de hoy el PSOE está más fuerte y más unido que nunca, y preparado para ganar”.

Sánchez ha acudido a Lorca para presentar la candidatura de Rafael González Tovar a la Presidencia de la Comunidad y apoyar a los candidatos a las municipales. Tras recorrer a pie la ciudad marcada por los terremotos de 2011, y saludar a los vecinos, se ha dirigido directamente al pabellón donde ha tenido lugar el mitin, sin hacer declaración alguna a los medios de comunicación.

Durante su intervención, Sánchez ha insistido en la necesidad de atender a los más afectados por la crisis, los parados, especialmente los de larga duración, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas o aquellos que pueden perder su vivienda y ser desahuciados. Ha afirmado también "sentir vergüenza por la corrupción" y ha mostrado su voluntad "de erradicarla de la política".

El Secretario General del PSOE ha llamado a los suyos a la movilización recordándoles que “ser socialista significa defender a los más débiles, y luchar por la libertad”, y ha cerrado su discurso con una llamada a la victoria de la izquierda frente a la derecha en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

El presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, ha defendido ante la militancia la "legitimidad y la pertinencia" del cese de Tomás Gómez, pues el partido "necesitaba un cambio" para ser "una alternativa socialista fuerte, coherente, confiable y ganadora".

Simancas ha explicado en una carta a los militantes que la Comisión que dirigirá el PSM durante el proceso electoral y hasta el próximo congreso para elegir a la nueva dirección va a trabajar "con el propósito de la unidad, de la coherencia ideológica y del trabajo intenso y participativo".

Lo hará desde "el respeto al trabajo" de los hasta ahora responsables del PSM, pues "es el momento de unir fuerzas" para "maximizar" las oportunidades del partido ante las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Se trata de ganar para gobernar, y de gobernar para cambiar, al servicio de los intereses generales de los madrileños y madrileñas", ha planteado.

Simancas ha explicado a los militantes que los procesos municipales siguen el calendario establecido y que, en el caso de la composición de la lista autonómica, "en breve" se les convocará en las asambleas locales para proponer nombres para la candidatura.

"Como siempre en este partido, sabemos que vamos a contar con la participación decidida y entusiasta de todos los y las militantes socialistas en el objetivo de ganar Madrid para el progreso", concluye la carta del presidente de la gestora socialista.

La convocatoria de elecciones andaluzas para el 22 de marzo va a provocar la paralización de la instrucción del Caso ERE en el Supremo y, en especial, el aplazamiento de las comparecencias de los dos expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

Sigue la línea pues del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ya en enero apostó "por importunar lo menos posible" el proceso electoral.

El instructor del Caso ERE en el Supremo tiene decidido aguardar hasta fechas inmediatamente posteriores a la celebración de las elecciones andaluzas para tomar declaración voluntaria como imputados a los dos expresidentes.

Fuentes del Tribunal Supremo han explicado que el instructor, una vez transcurridas las elecciones, comenzará de forma inmediata las tomas de declaración sin dejar que ningún otro hecho político interfiera.

Hasta entonces, sin embargo, va a detener la instrucción salvo en lo referido a diligencias menores que necesita para organizar el sumario.

Además de Chaves y Griñán están llamados a rendir cuentas ante el Supremo los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías (diputados) y Mar Moreno (senadora).

De hecho, la única decisión de cierta relevancia adoptada por el juez hasta el momento ha sido ordenar al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una investigación sobre dos de los aforados implicados, el diputado Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno, ambos del PSOE.

El juez pretende indagar así sobre los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta que puedan estar relacionados con la causa, con intención de aclarar si existe algún elemento que los implique en ella. Las fuentes citadas han informado de que podría suceder que no hubiera suficientes elementos que relacionen a estas dos personas con el caso, lo que podría conducir a que se les excluyera del sumario.

Barreiro tenía previsto empezar con las investigaciones después de haber organizado el sumario en aspectos como separar una pieza con los hechos de los que es competente el Supremo -de los 140.000 folios que envió la jueza Mercedes Alaya desde Sevilla- o en cuanto a unificar a las acusaciones o llamar a los peritos para que ratifiquen su informe.

Sin embargo, una vez ha llevado a cabo estas diligencias de trámite, y tras el retraso provocado por el desorden que ha encontrado en el sumario enviado por Mercedes Alaya, la convocatoria de elecciones andaluzas hace imposible para el juez adoptar decisiones sobre el caso sin interferir en el proceso político.

De este modo, la previsión es, según las citadas fuentes, que no se desarrollen nuevas diligencias salvo en aspectos menores.

La defensa del Rey Juan Carlos ha recurrido al Tribunal Supremo la admisión a trámite de la demanda de paternidad interpuesta contra él por Ingrid Sartieau. Según han informado fuentes jurídicas, la mujer, de nacionalidad belga, también ha recurrido la resolución de la Sala de lo Civil del Supremo de admitir su demanda, ya que considera que no se le ha dado respuesta a la petición de prueba de ADN que solicitaba.

Una vez presentados los dos recursos, se dará traslado al fiscal para que informe y luego la Sala resolverá, lo que no ocurrirá antes de veinte días.

La resolución de los doce magistrados de la Sala de lo Civil consideraba "insuficientes" los medios de prueba presentados por Sartieau para que la demanda de paternidad contra don Juan Carlos prosperara, pero sí suficientes para admitirla a trámite.

Los jueces, que rechazaron otra demanda de paternidad presentada por el ciudadano español Albert Solá, explican que Sartieau presentó como prueba de su demanda un acta notarial que refleja las declaraciones de su madre "sobre algunas circunstancias de lugar y tiempo de la afirmada relación sexual esporádica que produjo la concepción", así como "la afirmación de algunos contactos con personas de las que se dice son parientes" de don Juan Carlos y pruebas de ADN entre ella y Solá.

"No hay duda de que tales medios de prueba serían hoy insuficientes para la estimación de la demanda", explicaba el Supremo en la admisión, y destacaba que, de hecho, así lo admitía la propia demandante. Sin embargo, el auto añadía que, de acuerdo con la jurisprudencia, estos indicios "constituyen un principio de prueba bastante para la admisión a trámite de la demanda".

La Sala de lo Civil del Supremo se basaba para ello en su propia doctrina sobre el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer "un requisito de procedibilidad" destinado a preservar la seriedad de este tipo de procesos que contribuya a "conferir el sustento fáctico de la petición, credibilidad y verosimilitud, aunque luego no prospere la demanda". El alto tribunal consideró también que en este momento procesal, en el que no se había dado audiencia al Rey, su inviolabilidad no debe impedir la admisión a trámite de la demanda.

La decisión de Supremo implica que se celebrará una vista pública en los próximos meses con toda probabilidad, la cual podrá ser o no a puerta cerrada, e incluir o no el interrogatorio al afectado.

El diputado y candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, cree "muy improbable" que la militancia de su formación decida dar su apoyo a la socialista Susana Díaz tras las próximas elecciones autonómicas si así se lo pidiera.

"Rompió un pacto con Izquierda Unida", ha incidido antes de recordar que en ese momento quedaban leyes pendientes de desarrollo, algunas de ellas "urgentes" por su carácter social, y que "ese mismo día" pactó con el Partido Popular el "reparto de sillones" en la Cámara de Cuentas.

Es este "insulto" y su "traición a los andaluces" lo que, a juicio del candidato, haría improbable un futuro apoyo por parte de su formación, cuya "supervivencia y autonomía" no está en duda "en ninguno de los casos", ha aclarado en declaraciones a los medios durante su participación en Valladolid en un debate sobre el Tratado de Libre comercio entre la UE y Estados Unidos.

En este sentido, ha insistido en su propósito de transformar la sociedad y en su apuesta por hacerlo junto a otras fuerzas en un proceso de confluencia "de igual a igual". "Estamos ante una oportunidad histórica", ha dicho tras recalcar su rechazo a cualquier tipo de "miedo" a nuevas opciones como Podemos, que a su juicio no es un enemigo sino "un competidor" ya que, ha precisado, su "enemigo" son las políticas de "derechas" que defienden 'populares' y socialistas.