La directora general de Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Liana Ardiles, lo ha asegurado, según informa Expansión. El precio del agua subirá al menos un 50% para cumplir con los compromisos comunitarios en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y para cumplir con la Directiva Marco del Agua. Los costes de las inversiones en infraestructuras que habrá que acometer entre 2014 y 2021 serán repercutidos a los usuarios.
En las jornadas sobre planificación hidrológica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Ardiles agregó, según cita Expansión, que en los dos últimos años “se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración”, y confió en “entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014”. De lo contrario, España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir su Plan Nacional de Calidad de las Aguas (aprobado en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero para dar cumplimiento a la directiva).
Según explica Expansión, el problema es que las concesiones de depuradoras suponen más déficit público o encarecimiento del agua. Para que esos 10.000 millones no engorden el agujero presupuestario, Eurostat exige que corran a cargo de los consumidores, como mínimo, el 50% del coste de inversión y el 100% del coste de explotación de las obras.
Los analistas, los expertos, las empresas de abastecimiento y los ingenieros consultados por Expansión han calculado que el encarecimiento será, cuando menos, del 50%. Y hasta fuentes gubernamentales coinciden en ese diagnóstico. No obstante, el Gobierno espera poder aminorar el impacto de las inversiones en el consumidor por medio de financiación europea, según cuenta Ardiles al diario económico.
