El Consejo de Ministros del próximo día 13 aprobará la nueva Ley General de Telecomunicaciones cuyo objetivo principal será “facilitar las inversiones en infraestructura de las operadoras” y “acabar con las barreras” de ayuntamientos y comunidades autónomas “que han dificultado el despliegue de las nuevas redes”, en palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria.
Soria realizó este anuncio durante el acto de inauguración del XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones que organiza la patronal del sector, Ametic, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. El ministro fue recibido en el recinto universitario en medio del sonoro estruendo que producía un grupo de manifestantes de la plataforma 'antifracking' que no dejó de lanzar consignas contra este tipo de prospecciones en busca de gas que promueve el actual Gobierno.
Durante su discurso en el acto de inauguración del curso de telecomunicaciones, José Manuel Soria explicó que el contenido de la nueva ley que regulará las telecos tiene por objetivo “establecer un marco que facilite las inversiones en infraestructuras y acabe con las barreras que han dificultado su despliegue. Apelando al principio de “recuperar la unidad de mercado, en ámbitos como la fiscalidad y las obligaciones urbanísticas en el ámbito de los despliegues”, anunció que el nuevo texto limitará las actuales facultades de los gobiernos autónomos y de los ayuntamientos “de forma que esta ley prevalezca frente a normas locales como las de tipo urbanístico”. Así, se establecerá un “régimen especial con un sistema de liquidación centralizado”, de manera que cualquier carga que se quiera implantar a los operadores por una administración local deberá ser aprobada por el Gobierno.
En esta línea de “simplificación de las obligaciones burocráticas”, el ministro explicó que la nueva norma evitará que las empresas de telecomunicaciones que desplieguen redes tengan que solicitar licencia de obra para buena parte de las instalaciones que realizan en sus despliegues locales. Además se les facilitará el uso de otras canalizaciones, “tanto a pie de calle como en el interior de los edificios” que ya existen para otros servicios de distribución, como la electricidad o el gas.
Protestas antifracking
El ministro de Industria se vio obligado a abordar el tema del fracking en un encuentro con los periodistas, ante el incesante estruendo que producían los manifestantes que protestaban contra este tipo de prospecciones. Soria aseguró que las autorizaciones o denegaciones de los permisos para realizar actuaciones mediante la fractura hidráulica (fracking) corresponde "única y exclusivamente" a las Comunidades Autónomas siempre que éstas cumplan el “acuerdo normativo” de la legislación básica del Estado. “Las autorizaciones en el ámbito de una sola comunidad autónoma para determinar si hay gas a través de la tecnología de la fracturación hidráulica corresponden única y exclusivamente a cada comunidad autónoma. Ahora bien, las autorizaciones o eventualmente denegaciones de esas prospecciones tienen que hacerse de acuerdo al marco normativo básico del Estado”.
Visión pesimista de Ametic
En el mismo acto, José Manuel de Riva, presidente de la patronal organizadora del encuentro, Ametic, advirtió de pésima situación en la que se encuentra el sector de las tecnologías de la información en España, y pasó a enumerar algunos de sus principales problemas. El primero es la proliferación de planes de actuación que después no son llevados a la práctica. Mencionó la falta de participación de una representación del sector TIC en los proyectos de la denominada “marca España”. Denunció que en los últimos años están cayendo en España las matriculaciones en carreras técnicas lo que, unido a la “fuga de talento”, presenta un panorama claro de “descapitalización intelectual” de nuestro país. Mencionó que ni en este momento ni en etapas anteriores el sector tecnológico ha sido capaz de “lograr un retorno tecnológico equivalente al 9% de la aportación española a los programas de la UE en estos sectores”. Avisó de los efectos negativos que produce el hecho de que muchas de los suministradores de servicios tecnológicos de las administraciones no hayan sido incluídos en los planes pagos a proveedores puestos en marcha por el Gobierno.
