Con su política de tasas universitarias, algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Madrid, Castilla y León o Valencia, han apostado abiertamente por una Universidad "elitista", excluyendo a las rentas más bajas del acceso a la educación superior. Las diferencias entre comunidades indican claramente la sensibilidad social de sus gobiernos, y, hoy por hoy, puede llegar a alcanzar un desnivel del 174% (El País, 28/08/13).
Sin duda, esta selección de las rentas más altas, combinada con las diferencias territoriales, es un paso fundamental hacia un modelo privado de gestión universitaria basado en la desigualdad, el endeudamiento de los estudiantes, y el negocio de la Banca. La subida de las tasas y las previsibles becas-préstamos abrirán un nuevo mercado de "pobres" para un sector bancario en franca decadencia. Parece que la de la Universidad pública es la crónica de una muerte anunciada que se ha precipitado de forma vertiginosa en esta legislatura.
El acta de defunción de nuestros centros universitarios puede leerse en el Informe que algunos "expertos" presentaron hace unos meses al Ministerio: "Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español". El Informe deja claro que la combinación de un contexto de crisis y un gobierno del PP es una gran oportunidad para banqueros y empresarios, y no sólo les ofrece un jugosa inversión, sino que propone una contrarreforma institucional que garantiza su presencia y su capacidad de decisión en los cuerpos de gestión de la Universidad.
La contrarreforma consiste en establecer un solo órgano decisorio, un Consejo de Universidad, en el que tenga cabida un 50% de personas procedentes del gobierno autonómico de turno y de una parte de la "sociedad civil". Se deduce del Informe que la tal "sociedad civil" es, más bien, una "sociedad mercantil", porque se piensa sobre todo en la Banca y en las futuras empresas financiadoras del proyecto universitario, contempladas, además, como posibles "empleadoras". El Consejo de Universidad se desempeña, además, como un auténtico Consejo de Administración, y elige a un Rector que cuenta con "plenas funciones ejecutivas", que acapara un amplísimo poder discrecional -incluida la libre "gestión de recursos humanos"- y que se sitúa al margen de cualquier forma de control democrático. El Claustro, formado por representantes del personal docente, y, en menor medida, por personal administrativo y estudiantes, tiene en su mano el nombramiento del 50% del Consejo de Universidad, pero funciona sólo como un órgano "consultivo".
Es decir, que todo está claro en el Informe que el PP ha pagado a sus "expertos": la Banca tiene presencia en el Consejo, sube las tasas universitarias, y después sufraga a los estudiantes con menos renta; la empresa diseña los programas y el mapa universitario, generando y seleccionando a la tropa de asalariados que "exactamente" necesita; y el gobierno autonómico introduce sus contenidos ideológicos y sus inclinaciones partidistas. Los estudiantes son clientes, y los funcionarios, empleados.
Finalmente, la utopía pepera es la de someter a la Universidad a los intereses de la misma estructura productiva, caduca y deprimente, que nos ha arrastrado a la crisis, y parece que todo está programado para alcanzarla. En este contexto previsible, la misión de la Universidad no será preparar a trabajadores críticos que se incorporen al mercado con dignidad, sino la de "cualificar" a una mano de obra barata, obediente, y preparada para trabajar en condiciones extremas. Si la Universidad coloca a la gente "adecuada" en el mercado "adecuado", contribuirá al incremento de los beneficios empresariales, y demostrará, con ello, su auténtica vocación de servicio "público". Y no es que carezca de sentido que la Universidad, como institución, conecte con el mercado y resulte competitiva, lo que no tiene sentido, si de servicio público hablamos, es que su lógica sea exclusivamente la de la rentabilidad y la empleabilidad. La Universidad puede colaborar con la empresa pero ni es una empresa, ni debe funcionar como tal.
Ciertamente, con esta injerencia de políticos, banqueros y empresarios en la gestión universitaria, se lesionan gravemente algunos derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía universitaria, el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y la libertad de producción científica, pero esta lesión, pensarán, es "una gota de mar en el mar inmenso". Al fin y al cabo, ¿a quién le importa? A muchos les basta señalar que ha sido nuestro afán garantista lo que nos ha impedido alcanzar ciertas cotas de excelencia, o lo que nos ha dejado fuera de los rankings internacionales. Que la libertad de cátedra y la de producción científica son cosa de funcionarios apolillados y casposos, y que tanta potestad universitaria de autonormación, autoorganización y autogobierno, no ha servido para mucho. Que la excelencia y la eficiencia son incompatibles con el exceso de seguridad y de libertad propia del funcionariado, como lo son también con determinadas pretensiones igualitarias (ya se sabe que el hambre agudiza el ingenio).
En definitiva, con la actual subida de tasas, los gobiernos autonómicos están orquestando su particular "canto de sirena" para la Banca y el sector empresarial, a quienes ya otorgan un amplio poder económico, y para quienes reservan en el futuro una gran capacidad de decisión. Si el milagro funciona, y funcionará, nuestras "universidades de primera" serán las más caras, las más mercantilizadas, las más sectarias, y las que más dinero absorban de la Administración pública, dado que sólo recibirán el apoyo del Estado las que consigan previamente financiación privada. Sus estudiantes serán ricos o estarán endeudados, y formarán parte de esa gran masa laboral, acrítica y aborregada, que demanda nuestra crisis.
La subida de las tasas universitarias y las diferencias territoriales no son una anécdota aislada, sino que forman parte de un proyecto educativo de largo alcance; ese proyecto con el que sueñan unos pocos y que se acabará convirtiendo en la pesadilla sin mañana de varias generaciones.
