El PP entregó el 19 de agosto dos ordenadores portátiles por orden del juez Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas. Pero ninguno de los dos sirve para la instrucción, según consta en el acta de clonado de efectos informáticos de la Audiencia Nacional: uno, un Toshiba Libretto 100CT, carece de disco duro "por haber sido extraído con anterioridad".
El disco duro del otro ordenador, un Mac, muestra "signos evidentes de que pudiera haber sido extraído o cambiado con anterioridad", describe el informe judicial.
Según el escrito presentado por el PP, "de conformidad con los protocolos, los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas fueron destruidos, una vez alcanzada firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución al denunciante por haber acreditado la propiedad de los mismos". El extesorero denunció al PP por el robo de los portátiles, denuncia que fue archivada en abril de 2013.
El juez Ruz había ordenado la elaboración de un informe pericial de comparación con la información que el extesorero facilitó el 15 de julio en una memoria USB, comparación que no podrá hacerse.
De acuerdo con el PP, "cada vez que se deja de utilizar un equipo asignado a una persona, se reintegra al sistema general, para reformatearlo y disponerlo para su posible asignación a otro usuario. En caso de equipos que hayan sido utilizados por personas que hubieran podido manejar información sensible, se procede a la destrucción de almacenamiento" de acuerdo con el protocolo que aporta el PP. Según este protocolo, "los discos magnéticos de los HDs [hard drive o disco duro], serán desmontados, rayados y destruidos".
Según el escrito enviado por el Partido Popular a la Audiencia Nacional, Luis Bárcenas sustituyó el disco duro del Mac en octubre de 2012, "por lo que el partido no ha tenido a su disposición citado disco, sino el nuevo que el imputado instaló en octubre de 2012, y que ha sido destruido para su puesta en uso por otra persona".
En cuanto al ordenador Toshiba, el cual carece de disco duro, el PP afirma que es "falso" que Bárcenas pudiera extraer información de este portátil con un pen drive porque "este ordenador, por su antigüedad, carece de puerto USB alguno". No obstante, Bárcenas pudo haber copiado la información de ese ordenador por otros medios (CD, correo electrónico, etc...) y, posteriormente, desde otro equipo, haberla trasladado al pen drive.
El extesorero afirmó ante el juez Ruz que había dejado información relevante en los dos portátiles. Sin embargo, dado el estado actual de los dos ordenadores no se podrá corroborar ni desmentir esas afirmaciones de Bárcenas.
Así se ha puesto de manifiesto en la diligencia del volcado de los ordenadores que se ha desarrollado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 desde las 9.00 de este jueves, si bien solo ha podido hacerse del Mac, que contiene unos 465 gigas de información –ninguna de Bárcenas– que se está analizando.
El propósito del volcado era someter la información de los ordenadores a un análisis pericial y compararla con los archivos que Bárcenas entregó en una memoria USB y que contendrían anotaciones contables sobre la supuesta contabilidad B del partido. Para la operación han sido citados los abogados de las partes personadas en la causa en la que se investiga la existencia de una presunta contabilidad opaca en el PP (la defensa y la acusación popular de Manos Limpias y el Observatori DESC) y los técnicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Un empleado de la Asesoría Jurídica del PP entregó el pasado lunes 19 las computadoras que fueron requeridas el pasado 16 de agosto por el juez Ruz y que según confirmó Cospedal se hallaban custodiadas por la formación política.
Fue el 1 de marzo cuando Bárcenas denunció en una comisaría del barrio de Salamanca de Madrid el robo de los ordenadores que se hallaban en la denominada Sala Andalucía de Génova. El Juzgado de Instrucción número 21 archivó en abril la denuncia presentada contra el abogado Alberto Durán al entender que los equipos informáticos no se hallaban en un despacho personal ni se produjo un robo con fuerza.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 también ha dado de plazo hasta el 2 de septiembre para que sean transcritas las declaraciones prestadas por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sus antecesores en el cargo Francisco Alvarez Cascos y Javier Arenas, el ex gerente Cristóbal Páez y quien fue empleado de caja Antonio Ortíz.
