Las agencias privadas de colocación percibirán un incentivo por insertar en el mercado laboral a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social y también si el desempleado colocado se mantiene un año en su puesto de trabajo, todo ello en el contexto del acuerdo marco de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos de empleo para ayudar a encontrar trabajo a los desempleados, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Empleo.
Las agencias privadas de colocación tienen de plazo hasta el viernes 30 de agosto para solicitar su participación en este acuerdo marco, con el que se seleccionarán aquellas agencias de colocación que podrán colaborar con los servicios públicos de empleo en la inserción laboral de los parados.
Las entidades designadas se harán cargo de un determinado grupo de parados, a los que tratarán de insertar en el mercado de trabajo, y entre sus obligaciones estará también la de regular mecanismos de comunicación para notificar incumplimientos en las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo.
Según explican desde Empleo, si una agencia de colocación notifica que un trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha cometido fraude en el cobro de prestaciones), el SEPE procedería a comprobarlo mediante un proceso de inspección. Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la agencia recibiría una compensación equivalente al 15% de lo que habría percibido por colocar al trabajador.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto este acuerdo marco, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación.
Para que éstas puedan solicitar su participación en este acuerdo marco deben estar acreditadas como agencias de colocación y ser solventes económica y financieramente.
Este acuerdo marco implica el establecimiento un conjunto de reglas básicas comunes para la mutua colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación.
Según explicó el Ministerio de Empleo tras la aprobación de este acuerdo en el Consejo de Ministros, el diseño del modelo de colaboración público-privada en intermediación laboral se basará en la eficiencia en la selección de las agencias; la eficacia en los servicios prestados (con retribuciones basadas en resultados, medidos en términos de empleo mantenido en el tiempo), y la evaluación y el seguimiento para identificar posibles vías de mejora de los servicios de intermediación.
El Ministerio prevé que se destinen a los contratos basados en el acuerdo marco un total de 200 millones de euros durante los dos años de su duración, prorrogables hasta otros dos, para el conjunto de contratos celebrados por los servicios públicos de empleo.
Este acuerdo cuenta con el respaldo de la mayor parte de comunidades autónomas, que han manifestado su deseo de participar en él mediante la firma de los correspondientes convenios. Sólo han expresado su rechazo Cataluña, País Vasco y Andalucía.
