Más de dos semanas después de la puesta en marcha del buzón electrónico anónimo contra el fraude laboral del ministerio de Empleo y ante el silencio de la Fiscalía, la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) ha presentado una queja-denuncia ante la defensora del Pueblo. Su objetivo es suspender esta nueva herramienta al considerar que actúa “fuera de la ley”. Pero no será el último paso. De no obtener la respuesta esperada, el presidente de la asociación, Antonio Valenciano, ha asegurado que acudirán a los órganos europeos competentes.
El primer paso de esta asociación, según explica Valenciano, fue enviar un escrito a la Fiscalía. Sin embargo, dos semanas después aún no han obtenido respuesta. “No tienen un plazo exacto, depende un poco de la gravedad, pero este caso es especial porque queríamos que se suspendiera de forma cautelar”, ha explicado.
Así, ante este mutismo, ANDET ha optado por acudir a otra institución con poder para frenar el buzón que, a su juicio, viola la ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 13, donde recoge que "no se tramitarán las denuncias anónimas": la defensora del Pueblo. Soledad Becerril “es competente para entrar y actuar cuando una administración actúa fuera de la ley”, explica Valenciano. De esta forma, “podría suspender el buzón tanto de forma cautelar como definitiva”, al ser quien “vela por el buen funcionamiento de las administraciones”.
Sin embargo, y tras las últimas actuaciones de esta institución, que se ha negado a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Valenciano reconoce que si la respuesta es positiva será una sorpresa. “Según nuestra experiencia y la de otros grupos, las esperanzas que solemos tener en estos ámbitos suelen ser a nivel europeo”, ha explicado el responsable de ANDET a esta redacción.
Así, tanto el escrito ante la Fiscalía como la queja-denuncia ante la defensora del pueblo suponen los “trámites previos para poder llegar a Europa”. De no ser escuchados por las instituciones españolas, Valenciano ha asegurado que aún quedan dos ases en la manga. Por un lado, el defensor del Pueblo europeo y, por otro, el Parlamento Europeo porque, según ANDET, se vulnera una norma española, pero también otra europea.
Ante los argumentos que se han esgrimido desde el ministerio, que defiende que no se trata de una denuncia como tal, sino de una notificación, Valenciano ha asegurado que “la realidad es que son denuncias propiamente dichas, que se tramitan igual, por lo que su única opción es retirar el buzón”. “Los matices no modifican nada”, sentencia.
