Los cinco colegios privados, cuatro de ellos de una empresa ligada al Opus Dei, que imparten educación segregada en Galicia siguen teniendo a la Xunta como una de sus principales defensoras. Apenas una semana después de que la Consellería de Educación decidiera mantener la financiación pública para estos centros que separan a los niños de las niñas su titular, Jesús Vázquez, ha realizado ante la prensa una encendida defensa de esta decisión. Vázquez dice "cumplir" la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara ilegales estos subsidios, pero avanza que seguirá inyectando dinero público en los colegios ultraconservadores durante hasta cinco años más.
A preguntas de la prensa Vázquez explicó que ese cumplimiento de la sentencia viene dado por el hecho de que la Consellería "no les ha renovado" los conciertos para los primeros cursos y así lo seguirá haciendo con los segundos, terceros y siguientes, uno cada año. ¿Por qué así? Por un principio de "confianza legítima", esto es, para que el alumnado que comenzó sus estudios en uno de estos colegios pueda terminarlos allí. De este modo, la "desaparición total" de las ayudas no se produciría hasta dentro de un lustro.
Al margen de esta retirada gradual que, por otra parte, es posible que no se produzca dado que la Ley Wert avala estos conciertos, Jesús Vázquez aprovechó la comparecencia para explicar que el Gobierno gallego no practica ideología alguna al financiar los colegios del Opus, pero que sí lo hace quien reclama que no sean sostenidos con dinero del erario. Según Vázquez "ciertas críticas" a los colegios que segregan "no parten de la comunidad educativa, sino de una cierta ideología o componentes politizados de ciertos sindicatos o grupos políticos".
Donde no ve ideología por ningún sitio es, precisamente, en separar los niños de las niñas. Este tipo de enseñanza, argumenta, está "admitido a nivel mundial, apoyado por la propia Unesco" e incluso, sentencia, fue "desarrollada en otros países de índole socialista o gobernados por el partido socialista o por gobiernos socialistas". "Está admitida en todo el mundo -abunda el conselleiro- y, de hecho, la Constitución también ampara esta situación", señala, obviando, no obstante, que las ayudas contradicen la ley educativa vigente.
Toda la oposición exige la retirada de los conciertos
Mientras el conselleiro de Educación defendía como propia la causa de los centros segregacionistas toda la oposición parlamentaria le exigía la retirada inmediata de las ayudas o, lo que es lo mismo, el cumplimiento de la sentencia del TSXG. Desde el PSdeG su portavoz en materia educativa, Vicente Docasar, registró en el Parlamento una proposición no de ley encaminada, precisamente, a la supresión "inmediata" de los subsidios ya que la orden del Gobierno "incumple claramente" el fallo del alto tribunal basándose en una "aberración ideológica y sectaria".
Por su parte, AGE y BNG han optado por solicitar conjuntamente -por separado no tienen escaños suficientes- la comparecencia "urgente" del conselleiro para "informar de la continuación" de estos conciertos, contradiciendo a la Justicia. "Lo que está haciendo la Xunta es incumplir la sentencia" y aplicando la ley Wert "de manera anticipada", dicen ambos grupos, que censuran que el Ejecutivo "potencie la enseñanza segregadora que separa a los niños y las niñas y a los maestros de las maestras, en un puritanismo enfermizo" que "además contradice" la ley vigente.
