El juez que investiga el accidente de tren de Santiago de Compostela en el que murieron 79 personas ha llamado a declarar en calidad de imputados a los encargados de la seguridad del tramo de la línea donde descarriló el Alvia. En un auto hecho público hoy, el magistrado Luis Aláez considera que las medidas de seguridad establecidas para el convoy accidentado eran claramente "insuficientes" para "evitar el riesgo de descarrilamiento derivado de la configuración de la vía".
Aláez sostiene la responsabilidad indiciaria del maquinista ya que este "disponía de la información documentada precisa para prestar ese servicio el referido día". Además repasa los sistemas de seguridad que llevaba el tren, el ASFA y el de "hombre muerto".
Sin embargo, añade, "un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial y (...) con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe".
El juez recuerda en su escrito que el Alvia accidentado contaba con dos sistemas de seguridad que no permitían el frenado automático del convoy cuando este circula a menos de 200 kilómetros por hora por lo que "se debían haber adoptado ortos procedimientos que salvasen o evitasen el resultado de aquella predecible equivocación". "La instalación de una señal fija de cambio de velocidad máxima a 80 km/h entre 200 y 300 metros del inicio de la curva se muestra insufici9ente para evitar los resultados de muerte o lesiones", continúa el magistrado.
"La señal está tan próxima a la citada curva que hace imposible o muy remotamente posible la corrección manual de la inadecuiada marcha para sortear el riesgo", zanja.
Por lo tanto, "puede concluirse con el carácter provisorio propio de esta fase processal, que ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la setuidad de la circulación ferroviaria constitutiva de una imprudencia punible" determina Aláez.
El magistrado exige tanto a Adif como a Renfe que remita a su juzgado la documentación técnica "con arreglo a la cual se establecen las velocidades" en cada tramo, los "protocolos o documentos donde se recogen los procesos relacionados con la seguridad" y un informe "sobre auditorías internas" que se hayan podido realizar. Además, exige que ambos organismos, dependientes del Ministerio de Fomento, informen de quiénes son los "responsables en materia de seguridad en la circulación" de los trenes.
Aláez pide asimismo que Fomento informe sobre si existía "alguna incidencia en el tramo de la vía que une las estaciones de Orense y Santiago entre el punto kilométrico donde se produjo el accidente y los 10 kilómetros anteriores" y al presidente del Congreso que le remita las actas del diario de sesiones de las comparecencias parlamentarias de la ministra, Ana Pastor, y de los los presidentes de Adif y Renfe.
