El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está disfrutando de sus vacaciones de agosto como invitado en una de las casas más espectaculares de la Costa del Sol. Es un lujoso palacete en Marbella construido a imitación de una villa romana de Pompeya, la ciudad que fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio. La exclusiva vivienda, copiada piedra a piedra sobre el original, tiene incluso termas y está valorada en unos quince millones de euros, según una fuente que ha asistido a alguna de las lujosas fiestas que celebra su propietario. El anfitrión del fiscal general del Estado tampoco es un cualquiera. Se trata de José Manuel Serrano Alberca: un millonario abogado, experto en recalificaciones y urbanismo, que a principios de los noventa fue salpicado por un escándalo político, el caso Renfe (o caso AVE). Sus empresas fueron las principales beneficiadas de una oscura operación inmobiliaria que costó una millonada al Estado y que en su momento provocó la dimisión del ministro socialista Julián García Valverde por su gestión unos años antes como presidente de Renfe. Serrano Alberca, que había sido jefe de García Valverde, compró unos terrenos en San Sebastián de los Reyes (Madrid) que poco después vendió a Renfe por 58 veces el precio pagado. Las plusvalías de aquella operación rondaron los 700 millones de pesetas que hoy lucen al estilo de Pompeya.
