La Comisión Europea ha asegurado hoy que cualquier tasa impuesta en la frontera entre Gibraltar y España sería a priori ilegal bajo la legislación comunitaria.
"Puedo confirmar que cualquier tasa o pago impuesto en la frontera de un Estado miembro sería ilegal bajo la legislación de la Unión Europea", ha señalado el portavoz comunitario Olivier Bailly, preguntado por la tasa que España estudia establecer para el cruce de la Verja.
Hoy mismo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso, tienen previsto mantener la conversación que tienen pendiente sobre la crisis en Gibraltar, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
Moncloa anunció el pasado viernes que Rajoy y Durao Barroso hablarían en las próximas horas después de que el primer ministro británico, David Cameron, pidiera a la Comisión Europea que envíe de forma urgente observadores a la zona.
No obstante, dicha conversación no ha tenido lugar durante el fin de semana y está previsto finalmente que se produzca a lo largo del día de hoy, según las mismas fuentes.
Hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado sobre la petición que hizo Cameron si bien desde Exteriores se ha insistido en que España está cumpliendo con la legalidad y los controles en la Verja son irrenunciables.
En este sentido, fuentes diplomáticas han reiterado estos días que España está en su derecho y obligada a llevar a cabo dichos controles porque Gibraltar no está en el espacio Schengen y asegura que "no son obstáculo" a la libre circulación de mercancías o personas.
En la conversación que Cameron mantuvo con Durao Barroso el viernes, el primer ministro británico le pidió el envío urgente de observadores y le mostró su "seria preocupación por los controles fronterizos introducidos por los españoles" en la Verja, "que están motivados políticamente y son desproporcionados", según explicó entonces Downing Street.
La conversación entre Rajoy y Durao Barroso se producirá además un día después de que los pescadores del Campo de Gibraltar (Cádiz) salieran con sus embarcaciones a protestar por la colocación de setenta bloques de hormigón por parte del gobierno gibraltareño para impedirles faenar en aguas del Peñón.
