Una asociación llamada En defensa de la democracia presentó este sábado una querella por prevaricación y coacciones contra Álvaro Domínguez Calvo, instructor del expediente disciplinario abierto al juez del caso Blesa, Elpidio José Silva, así como contra la fiscal María José Rodríguez Abadía y el magistrado del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid Juan Antonio Toro Peña, que sustituye a Silva tras su recusación en el caso del crédito otorgado por Cajamadrid a Díaz Ferrán.
La querella tiene que ver con la actuación del instructor, Álvaro Domínguez Calvo, que solicitó el pasado 19 de junio al Juzgado de guardia de Madrid (que en ese momento era el de Toro Peña) para que se personase un médico forense en el domicilio de Carlos Yunta, abogado de Silva en ese expediente.
El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario al juez Silva por diversos motivos. El pasado 16 de junio, el abogado de Silva, Carlos Yunta no se presentó a la práctica de una prueba testifical, justificando su ausencia con el correspondiente parte de baja médica por un cólico nefrítico severo.
Como consecuencia de este hecho, Domínguez Calvo, a petición de la fiscal Rodríguez Abadía, envió un forense de guardia al domicilio del abogado para comprobar si la baja médica era cierta. En la querella se considera que esa resolución es incompetente e injusta porque el juez interviene en ese expediente como funcionario público y no como instancia jurisdiccional "pues tramita un expediente de carácter claramente administrativo" y no debió requerir al Juzgado de Guardia de Diligencias de Madrid como si de una causa judicial se tratase.
En la querella, firmada por Milagros Hernández Calvo y el abogado Reinaldo López, se destaca que "es totalmente improcedente desplazar a un forense de guardia para indagar si un letrado se halla o no enfermo". "Se trata —añaden— de un hecho desmesurado sin ningún precedente. En la historia de un país que ha pasado por cuarenta años de dictadura, jamás se ha practicado una actuación tan desproporcionada por el instructor de un expediente disciplinario".
Los firmantes consideran que si Domínguez Calvo pensó que Carlos Yunta mentía debió acudir a la Inspección médica o deducir testimonio para que se incoasen diligencias penales, "en cuyo seno, desde luego, el desplazamiento del forense al domicilio del letrado se hallaría totalmente injustificado, pues, no se subsume en una actuación urgente propia del servicio de guardia" y que el Reglamento de asuntos accesorios no contempla el menor título habilitante al respecto.
Por otra parte, el pasado jueves el juez Domínguez Calvo requirió a Silva, a través de una resolución a que cambiase de abogado en el expediente. Este hecho se considera que pretende acelerar de modo injustificado "y exorbitantemente desviado el citado expediente disciplinario".
La asociación cree que el expediente es "totalmente infundado, carente de base, ambiguo, disperso y manifiestamente constitutivo de indefensión" y que esos excesos se quieren encubrir "acelerando torticeramente la tramitación", así como dejando indefenso al juez, puesto que su abogado es quien conoce a fondo la marcha del expediente. Aseguran que estos hechos incrementan "una situación de acoso institucional ya en marcha".
