Por causas naturales. Así se está reduciendo de forma acelerada la plantilla de funcionarios españoles al haberse congelado la convocatoria de plazas públicas y por la limitación mínima de reposición de puestos en colectivos específicos. Desde 2009, el número de funcionarios ha descendido en España en un 2,2%, 60.000 empleados públicos menos, según el registro central de personal que publica semestralmente la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pero la reducción se ha cebado especialmente con la Administración General del Estado (AGE). Así, en estos años de congelación de la oferta pública de empleo, la Administración Central se ha reducido en 11.000 funcionarios, un 4,6% menos.
Dentro de estos funcionarios están los empleados que atienden servicios como la Agencia Tributaria, las oficinas de empleo o la Seguridad Social. Así, mientras la crisis y el número de usuarios ha hecho estos servicios más necesarios que nunca, las sillas detrás de las famosas ventanillas se van quedando vacías. Y ni se espera que en los próximos años la pérdida de personal se pueda reponer. La tendencia además se va acelerando por la propia composición de la plantilla pública. Según el Boletín de Clases Pasivas -un régimen especial en el que estaban inscritos los funcionarios y que ya está en desuso- pidieron la jubilación en los primeros seis meses de 2013 casi 13.000 funcionarios.
"Mi servicio se está quedando pelado. Cada vez se jubilan más compañeros, la carga de trabajo es menor y somos menos manos", lamenta una funcionaria de Empleo de un departamento que trabaja en áreas de inclusión social. El secretario de Acción de Sindical de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Raúl Olmos, lo ve claro. "Empleo, Seguridad Social y la Agencia Tributaria es donde el impacto es más visual en la reducción de empleados a costa de la crisis".
Según las estadísticas centrales, algo más de un 10% de los funcionarios tienen más de 60 años y se jubilarán de forma inminente. La tasa de reposición será como mucho del 10% en el mejor de los casos (eso supone que de cada diez jubilados solo se repone uno), que se concentra en los llamados sectores prioritarios, como los hospitales, la policía y en algunos colectivos muy determinados como los inspectores de Hacienda o la Justicia. Pero con la previsión actual, a un lustro vista los servicios centrales se pueden reducir en algo más de un 15%. Alrededor de 35.000 empleos públicos perdidos por la crisis en menos de una década.
Los inspectores de Hacienda echan cuentas y no le salen. A día de hoy tienen menos gente que cuando se creó la Agencia Tributaria. "Resistimos por la informatización del trabajo", aclara Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de los Inspectores de Hacienda del Estado. La persecución del fraude fiscal está en la lista de actividades prioritarias que los Presupuestos Generales autorizan a convocar empleo, pero el ritmo de las jubilaciones es muy superior al de las incorporaciones.
Así, en la actualidad la Agencia Tributaria tiene un personal de poco menos de 27.000 personas, cuando en 2009 (último año antes de que comenzaran a aplicarse las medidas de reducción de personal), superaba los 28.000. Y eso pese a ser uno de los cuerpos que han incorporado a un puñado de nuevos funcionarios. Según las estadísticas, en la Agencia Tributaria 2.000 trabajadores tienen más de 60 años y con una tasa de reposición del 10% en el próximo lustro se perderían 1.800 empleos.
Las estadísticas dicen también que desde 2009 hay casi 12.000 profesores no universitarios menos, y eso que los recortes en la reposición de plazas de docentes no se empezaron a notar hasta 2011. Prácticamente la mayoría se han jubilado en el último ejercicio cuando la tasa de reposición efectiva que se ha aplicado a la Enseñanza es del 10%. En Andalucía UPyD asegura que el año pasado se jubilaron 2.500 maestros.
Como resultado de estas medidas, la plantilla de funcionarios españoles adelgaza y envejece. La modernización de la Administración Pública con la que se ha comprometido el Gobierno la tendrán que hacer los trabajadores mayores de 50 años, que conforman el grueso de la actual plantilla del Estado. De hecho, la panza de la pirámide por edades del empleo público (ver gráfico), está entre los 50 y los 59 años.
En la AGE hay 23.000 trabajadores de más de 60 años y algo más de 31.000 por debajo de los 40 años. Afinando, hay casi tantos mayores de 65 años (2.555), como menores de 30 años (2.917).
