El Banco de España elevó un 40,5% sus requerimientos a la banca durante su actividad supervisora desarrollada en 2012, en su mayor parte relativos al riesgo de crédito y a las políticas de gestión y control interno, que concentraron el 73% del total.
El supervisor dirigió a las entidades un total de 41 escritos que contenían 111 requerimientos, según recoge la Memoria de Supervisión Bancaria en 2012 publicada este viernes por el Banco de España, que duplicó estos escritos respecto al ejercicio precedente.
En su objetivo de determinar y mantener actualizado el perfil de riesgo de cada entidad, el organismo liderado por Luis María Linde desarrolló 306 actuaciones supervisoras, es decir, el supervisor incrementó esta función en casi un centenar respecto a 2011.
De estas actuaciones, 86 se encontraban en curso o pendientes de cierre a 31 de diciembre de 2012. El Banco de España recuerda que el pasado año el sector financiero siguió marcado por el proceso de reestructuración. El regulador divide su función de supervisión entre las tradicionales visitas de inspección 'in situ' a las entidades y actuaciones de seguimiento continuado, en muchos casos, con presencia permanente en la entidad.
Además, otros 353 trabajos estuvieron relacionados con los planes de cumplimiento de los decretos que obligaban a dotar de provisiones para cubrir el riesgo inmobiliario, el proceso de valoración independiente de los balances del sistema bancario español, el examen de los informes de autoevaluación del capital que deben elaborar las entidades, las relaciones con otros supervisores nacionales y con organismos internacionales y otras actuaciones específicas de seguimiento.
Para perseguir que las entidades cumplieran con todos los pasos previsto para consolidar y acelerar la reestructuración, el Banco de España decidió incoar cuatro expedientes a cinco entidades (a una caja de ahorros, dos entidades de pago y otras tantas sociedades que realizaban actividades reservadas a las entidades de pago) y a 51 personas físicas.
Por otro lado, el supervisor resolvió un expediente incoado a una entidad de pago y a su administrador único por la realización de una operación de fusión con otra entidad de pago, sin haber obtenido la preceptiva autorización ministerial. Esta conducta se consideró constitutiva de una "infracción grave", que derivó en la sanción pecunaria de la propia entidad y su administrador único.
