"Con la amnistia fiscal a los gordos no han recaudado lo previsto, y el dinero de los emigrantes retornados no está en paraísos fiscales". Para Pilar Burgo, representante de este colectivo en Asturias, es la única explicación que encuentra al "afan recaudatorio" que le ha entrado al ministerio de Cristobal Montoro con este grupo de jubilados, que en España superan el millón de personas, la mayoría de ellos ancianos y con problemas de salud. Porque las cartas certificadas de la Agencia Tributaria no sólo llegaron al Principado, sino a cada Comunidad Autónoma donde residen.
"Sabemos que en Almería fueron casa por casa para entregar la notificación, porque el correo no llegaba a tiempo y quedaba fuera como reclamación fiscal el año 2008". El solo hecho de recibir la carta certificada de Hacienda ya inquieta, pero es mayor el susto cuando estos jubilados acuden a las oficinas de la Agencia Tributaria, donde se les reclama una deuda de que va desde 10.000 hasta 20.000 euros por no haber incluido el IRPF en sus cotizaciones en el extranjero.
Durante todos estos años, los emigrantes retornados como cada temporada acudieron a las oficinas de la Agencia Tributaria para hacer su declaración de la renta, y durante la campaña se les dijo que no tenían que declarar la pensión que recibían del país extranjero en el que durante casi toda una vida se dedicaron a trabajar. Pilar Burgo culpa directamente a la Hacienda pública porque "nos ha dado mal la información".
Tanto es así que cuando acudieron a las oficinas para conocer su caso, se les hizo entrega de las declaraciones de los años desde el 2008 al 2011, con anotaciones a mano y las cantidades que adeudan al erario público. Las deudas que se les reclaman es en base a que hay dos pagadores, eso hace que el mínimo para hacer la declaración baje de 22.000 euros a 11.200 euros. La gran mayoría de los afectados no goza de grandes ingresos y las multas que establece la Agencia Tributaria está fuera del alcance de la mayoría de ellos. "Algunos están en residencias y padecen alzheimer, mientras a grandes fortunas se les ha aplicado una amnistía fiscal", dice Pilar Burgo.
Aunque algunos han decidido pagar para que la deuda no aumente, los colectivos de Asturias y Galicia, el más afectado y que puede alcanzar a cerca de 500.000 jubilados, según los datos facilitados por la representante del colectivo en el Principado, han emprendido el camino del contencioso, en común con la federación nacional, para pelear que las pensiones de Alemania no se vean afectadas por esta decisión de la Agencia Tributaria, en base al convenio de 1966, en vigor hasta el 30 de junio de 2012 que fue derogado, y en el que se dice que cualquier pensión pública derivada de un trabajo no tiene que ser declarada en otro país, porque la vida laboral computa como una.
Además de recurrir a los tribunales, también enviaron sendos escrito al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, y al Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, para elevar sus quejas ante la situación tan penosa que están atrevesando algunos de estos jubilados. La respuesta de Navarrete, según Pilar Burgo, contiene tres folios en los que "no dice gran cosa", les remite al consejo de interpretación de la CEOE, que consta de unas doscientas páginas, y, en definitiva, les invita a pagar la deuda contraida de acuerdo a los términos que marca la Agencia Tributaria, sin tener en cuenta la 'mala información' del erario público durante la campaña de la renta.
Para los representantes del colectivo de emigrantes retornados la CEOE "no es nadie" y piensan seguir recurriendo a los tribunales, que ya en alguna ocasión les ha dado la razón. El problema radica en que el ministerio de Cristobal Montoro quiere hacer prevalecer los criterios que aplica la CEOE y desligitimar el convenio que se firmó con Alemnia en 1966. Ellos están dispuestos a mantener los contenciosos y por lo menos, de momento, han logrado paralizar el recargo de la multa por el retraso, aunque no el interés del 5 por ciento.
