El Gobierno le pasa la pelota al ciudadano en su lucha contra el fraude laboral. Empresas ficticias, en situación irregular, que pagan en negro o que no pagan, pero también trabajadores particulares que no cumplan con sus obligaciones, podrán ser denunciados de forma anónima ante la Inspección de Trabajo, que determinará qué acusaciones son verosímiles y cuáles están infundadas, y que después llevará a cabo las acciones que considere oportunas.
