El juez Pablo Ruz ha citado como testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. Cospedal tendrá que declarar el día 14 de agosto, aunque por ser aforada podría decidir que se le tome declaración en su despacho de la Presidencia de Castilla-La Mancha, y Arenas y Cascos lo harán el 13 del mismo mes. Según fuentes del PP citadas por Europa Press, Cospedal y Arenas renunciarán a la posibilidad de declarar en sus despachos y acudirán a la Audiencia Nacional.
En su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 15 de julio, Luis Bárcenas apuntó directamente a los secretarios generales como conocedores y organizadores de la contabilidad paralela del PP. El extesorero confesó ante el juez Pablo Ruz que los presidentes, secretarios generales y vicesecretarios generales del partido eran perceptores de sobresueldos en dinero negro. Es más, explicó que los secretarios generales decidían las cuantías.
Los documentos que Bárcenas ha entregado al juez con la supuesta contabilidad B del PP apuntan directamente a que Francisco Álvarez Cascos fue el primer dirigente en imponerse un sobresueldo en 1993, cuando era el número dos de José María Aznar. Además, los papeles reflejan que el PP se hizo cargo del pago del IRPF de Cascos y Arenas. Bárcenas explicó ante el juez que el partido compensaba lo que los dirigentes habían tenido que abonar como IRPF porque la retención que hacía la organización era inferior.
Los tres dirigentes han negado en sus apariciones públicas la existencia de la contabilidad B del partido, pero ahora tendrán que dar explicaciones en sede judicial. La defensa de Luis Bárcenas asegura que si Cospedal niega la comisión recibida por el PP de Castilla-La Mancha a cambio de una adjudicación de un contrato público, pedirá al juez un careo, según informó este lunes El Mundo.
Requiere datos al PP y supuestos donantes
El juez da al PP un plazo de diez días para que informe al juzgado sobre las personas que podrían haber accedido a las cuentas de la organización desde 2002 y que identifique a los tres auditores internos a los que la responsable de la contabilidad, Milagros Puentes, hizo referencia durante su declaración. También pide información sobre los secretarios o secretarias que hayan estado a las órdenes de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
El magistrado también solicita datos y documentos relativos a la "Comisión de Infraestructuras" interna del partido así como la certificación del tipo de asesoramiento que recibió el PP de Antonio Vilela, apoderado de Construcciones Rubau, que reconoció haber donado al PP y haber realizado labores de asesoramiento a título personal a cargos del partido sobre la contratación de obra pública por parte de la Administración.
Ruz también solicita información a las empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas. El magistrado admite la petición formulada por la acusación popular ejercida por Izquierda Unida y solicita la identificación de los empleados y directivos que participaron en algunas de las contrataciones públicas. En concreto, pide a Sacyr los datos necesarios sobre sus interlocutores en los contratos concedidos por el Ministerio de Medio Ambiente o Fomento y por el Ayuntamiento de Toledo. En este último caso, Bárcenas aseguró que el PP de Castilla-La Mancha recibió una comisión de la compañía a cambio de la adjudicación del servicio de limpieza.
