El Gobierno Rajoy recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto andaluz antidesahucios, que prevé expropiaciones temporales de viviendas a los bancos, según ha adelantado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta ha detallado que, previamente, y para hacerlo efectivo, se solicitará el informe urgente al Consejo de Estado.
Santamaría ha explicado que el Consejo de Ministros ha procedido a solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda del decreto Ley 6/2013 de 9 de abril así como contra diversos artículos de La ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.
El Gobierno entiende que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad".
La vicepresidenta ha indicado que, "además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma", el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. "Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad", ha dicho.
Este recurso llega pese a que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, aseguraba en abril que este decreto tenía "garantía jurídica plena como la luna llena" con el ánimo de desactivar cualquier posibilidad de recurso que detenga este decreto-ley.
Ambas administraciones, Gobierno Central y Junta de Andalucía tienen actualmente, con esta última decisión, 21 conflictos y recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver. De ellos, 12 fueron planteados por el Ejecutivo central contra decisiones de la Junta, y con este recurso recién anunciado suman 13, mientras que 8 han sido interpuestos desde Andalucía contra resoluciones de carácter estatal (cinco de ellos, desde que Mariano Rajoy es presidente de la nación).
